Quintana Roo

Calica aceptó someterse a tribunales mexicanos cuando obtuvo concesión, revelan

La empresa Calica, cuyo banco de material y puerto de distribución se encuentra en Playa del Carmen, incumplió una de las condiciones puestas para la entrega de la concesión de explotación de materia pétreo
La concesión original de Calica también establece que la SCT puede declarar sin efecto la misma, cuando así lo exija el interés público / Sac Tun

La empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica), hoy Sac Tun, originalmente aceptó someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales correspondientes, en caso de alguna diferencia con respecto a la concesión que entregó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Sin embargo, en enero de 2019, la filial de Legacy Vulcan presentó su denuncia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), con lo que incumplió lo establecido en la concesión original que se le entregó en abril de 1987.

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Así se aprecia en la página 16 del Diario Oficial de la Federación (DOF) en su edición original publicada el 15 de mayo de 1987, cuando Miguel de la Madrid Hurtado era Presidente de la República y Daniel Díaz Díaz, Secretario de Comunicaciones y Transportes.

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En el documento, del cual el periódico Por Esto! conserva una copia, se aprecia claramente en la Vigésima Sexta condición de esta concesión dicho punto.

En la denuncia que presentó Calica ante el Ciadi exigió a México 17.8 millones de dólares, por la presunta falta de un supuesto reembolso que deriva de una decisión del Poder Judicial, relacionada con la legalidad de las tarifas portuarias por el uso de la terminal pública y privada.

Andrés Manuel López Obrador pidió a esta empresa que retiré la denuncia, pero a la fecha no ha manifestado su posicionamiento.

Asimismo, el Presidente de México anunció que se acabaría la actividad minera que la empresa realiza en la zona continental de Cozumel (en el predio denominado La Rosita), para construir algo similar a un Xochimilco o balneario público.

La concesión original también establece en la vigésima segunda condicionante que la SCT “en cualquier momento podrá declarar sin efectos esta concesión, cuando así lo exija el interés público”.

Por  lo anterior, la empresa jamás debió presentar una querella en este tribunal internacional, pues el entonces gerente general de la misma, Saturnino Suárez Reynoso, estampó su firma en la concesión, aceptando todas las condicionantes.

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CG