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9 de Apr de 2022
2 min
Escrito por Abraham Cohuó
La Secretaría de Obras Públicas (Seop) y su titular, William Saulceth Conrado Alarcón, enfrentan una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo), por haber asignado de manera irregular obras a una empresa, además de cometer la sustracción y robo de documentos oficiales utilizados en el proceso de Licitaciones.
La denuncia fue presentada por el Diputado del Partido del Trabajo, Roberto Erales, quien desde el 5 de octubre de 2021 denunció el acto de corrupción en el que incurrieron William Saulceth Conrado Alarcón, la Subsecretaria de Licitaciones y Control Documental, María Rocío Peña Ramírez y José Guadalupe Velázquez Silva, Encargado de la Dirección de Licitaciones, quienes permitieron que se extraiga documentación de un proceso de licitación en el que beneficiaron a una persona física de nombre Jhon Hernández.
El resultado de la indagatoria de la Auditoría Superior del Estado no ha sido emitido y el contenido de la misma no puede ser revelado aún, pues en este momento está en curso la investigación de las autoridades, quienes determinarán qué sanción se les impondrá a los responsables.
A partir del descubrimiento de este acto de corrupción se desencadenaron otros, en los cuales Peña Ramírez y Velázquez Silva manipularon al menos tres procesos de licitación para beneficiar a empresas como Grupo Saher Villarreal, Corporativo Sarapaho S. A. y Riflo Constructores S. de R. L. de C.V.
Sin embargo, no son las únicas empresas favorecidas, puesto que, en el último trimestre de 2021, entre octubre y diciembre, la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo otorgó 46 contratos a igual número de empresas.
De acuerdo con la solicitud de información con folio 231286500000422, se pudo determinar que a través de esta modalidad de entregaron los 46 contratos, y dentro del listado se encuentran Grupo Saher Villarreal y Riflo Constructores S. de R. L. de C.V.
El modelo de licitación “invitación a 3” es el favorito del secretario William Conrado y sus subordinados Peña Ramírez y Velázquez Silva, pues pueden focalizar las empresas que serán beneficiadas con la asignación de una obra y hacerla parecer como una legítima, tratando de evitar que el acto de corrupción sea detectado por las autoridades.
No obstante, los tres funcionarios también podrían enfrentar una responsabilidad penal, debido a que manipular las licitaciones constituye un delito, establecido en el Código Penal de Quintana Roo, bajo el rubro de uso ilícito de atribuciones y facultades, contenido en el Artículo 207.
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CG
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