Un Juzgado Federal admitió una demanda de amparo promovida por comunidades ubicadas en la zona limítrofe entre Quintana Roo y Campeche, por la falta de un presupuesto para la construcción de infraestructura urbana, lo cual desde el punto de vista de los habitantes de esa región, constituye un acto discriminatorio al ser excluidos por las autoridades del Ayuntamiento de Chetumal.
Entre las comunidades afectadas se encuentran, San Antonio Soda, Guillermo Prieto, Caña Brava, Pioneros del Rio, Nuevo Progreso entre otras ubicadas en los límites territoriales entre Quintana Roo y Campeche, la cual aunque es una franja en conflicto, el Gobierno Municipal de Othón P. Blanco mantiene designadas autoridades municipales.
Noticia destacada
Titulares de órganos autónomos deberán rendir informe anual ante el Congreso de Quintana Roo
En la demanda se establece que el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, encabezado por la Alcaldesa Yensunni Martínez, se niega a dotar de obra pública tales como calles pavimentadas, vivienda, parques, domos entre otras, a las comunidades antes mencionadas, con lo que se violentan los derechos humanos de los habitantes de aquella región del municipio, al ser excluidos de manera reiterada de los Programas de Inversión Anual por el sólo hecho de vivir en la zona limítrofe sin que exista justificación jurídica alguna.
Noticia destacada
Congreso de Q.Roo analiza juicio político contra Yensunni Martínez, Alcaldesa de Chetumal
Ya hay un precedente, pues los habitantes de las mismas comunidades han ganado amparos para acceder al agua potable, por lo que esperan que del mismo modo puedan disponer de obra pública de competencia municipal, cuando el Juzgado Federal Sexto de Distrito resuelva los amparos 287/2022, 288/2022 y 2089/22.
Ayer, el Juzgado notificó a los quejosos la admisión de los amparos, con lo que quedó comprobado que no hay ningún impedimento legal dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los jueces otorguen la protección de la Justicia Federal a las comunidades de dicha área territorial.
El asesor jurídico del Comité de Gestión de la Zona Limítrofe, Andrés Blanco Cruz, manifestó que al ser excluidas las comunidades de los programas de obra pública municipal de forma reiterada se cometen actos de discriminación contra los habitantes del sitio y se violentan sus derechos humanos, tales como acceder a una vivienda digna, salud, contar con la infraestructura necesaria para el acceso a la movilidad en la categoría de calles pavimentadas, banquetas y espacios públicos equipados, establecidos en el artículo 4º Constitucional.
“Confió que dado los antecedentes de los amparos ganados en materia de agua potable y que han obligado al Congreso de Quintana Roo a destinar más de 150 millones de pesos para el cumplimiento de dichas sentencias, lo mismo suceda con los amparos admitidos y se obligue al Ayuntamiento de Othón P. Blanco, a la brevedad posible, a destinar recursos para atender a las comunidades limítrofes, toda vez que son poblaciones alejadas de la ciudad, con un desarrollo incipiente que requieren de los impulsos básicos garantes del derecho al mínimo vital”, explicó.
Este mismo grupo de poblaciones son las que entablaron la solicitud de Juicio Político, contra Yensunni Martínez Hernández, Alcaldesa de Chetumal, a quien reclaman que de manera sistemática ha omitido incluir a las comunidades de la zona limítrofe en los presupuestos desde que fingía como Síndico municipal de este mismo municipio en la pasada administración.
Síguenos en Google News y recibe la mejor información.
CG