Quintana Roo es el Estado peor calificado en cuanto a la seguridad de los que tendrán elecciones el próximo 5 de junio, pues pasó de ser una de las Entidades con menor cantidad de homicidios dolosos a ocupar el décimo lugar en el ranking nacional de víctimas de este delito; esto de acuerdo con el informe “Por un México Seguro 2022”, del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
De acuerdo con la organización, la Entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional en carpetas de investigación por violación y el segundo lugar por las de feminicidio. Además, de 2016 a 2021, pasó del sitio 21 al cuarto con mayor cantidad de víctimas de trata de personas.
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Asimismo, el ONC detalló que la cantidad de carpetas de investigación por delitos contra el ambiente del fuero común se octuplicó entre 2016 y 2021. La Entidad ocupaba la décima posición en el ranking en 2016, mientras que en 2021 ocupó el séptimo sitio. Además, hay amenazas latentes por el desarrollo de proyectos turísticos y de infraestructura.
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Leslie Hendricks no presentó propuestas
De los cinco candidatos a la Gubernatura de Quintana Roo, Leslie Hendricks Rubio, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue la única que no presentó los cuestionarios ni sus propuestas para combatir la inseguridad en el Estado.
“Aunque la mayoría de las propuestas dan una respuesta clásica al problema de seguridad a través del fortalecimiento institucional, éstas tienden a relegar áreas críticas o de alta complejidad técnica, como el lavado de dinero, la trata de personas o la reclusión y reinserción social a un segundo plano”, se lee en el informe.
La organización también pidió que se integren a las propuestas de los candidatos el tema de las desapariciones forzadas, pues es una cuestión que se tiene que contemplar y que está muy latente en la Entidad, por lo que atender esta problemática es esencial.
“Es fundamental que contemplen las desapariciones forzadas en Quintana Roo e involuntarias en su política de seguridad, ya que su rol es crucial para fortalecer las comisiones estatales de búsqueda y los servicios médicos forenses, así como para implementar el marco jurídico en la materia”, concluyó el análisis.
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CG