La exalcaldesa de Playa del Carmen, Laura Beristain Navarrete, no se presentó ante el Juez de Control durante la primera audiencia vinculatoria relacionada con la Carpeta de Investigación 5/2022, integrada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Lo anterior, ya que presentó un “justificante médico psiquiátrico”, por lo que la audiencia tendrá que reprogramarse, y en la que el Juez podría, incluso, como medida precautoria, dar prisión preventiva.
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De acuerdo con el Director General de Control de Gestión de la Contraloría Municipal, Eduardo Arreguín Chávez, esta primera denuncia es por abuso de autoridad y negligencia en el servicio público, luego que la exalcaldesa no cumpliera con lo estipulado en los Artículos 54 y 55 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, que habla de la obligatoriedad de los Gobiernos salientes por entregar el informe de la Administración que dejan y que, en este caso, no se cumplió.
“El síndico presentó la denuncia e inmediatamente después de tomar protesta el actual Gobierno, en la primera Sesión de Cabildo, se refirió a la Administración saliente para la entrega y recepción del estado que guardaba la Administración Municipal; un informe que establece los estados financieros y recursos materiales, elementos que permiten la continuidad en la prestación de los servicios públicos”, expuso Arreguín Chávez.
Por su parte, la actual Presidenta declaró que esta acción es inexplicable, porque a las sesiones de Cabildo de Playa del Carmen y otros temas, sí se ha presentado la exedil.
“Ella sabrá por qué no asistió, la gente piensa que sigue escondiéndose, sin querer dar la cara por los actos realizados al frente de su Administración. El que nada debe, nada teme, y ella sería la más interesada en que se aclaren las cosas; pero si prefiere esa conducta, no podemos intervenir”, expresó.
Eduardo Arreguín sostuvo que la denuncia se tiene “bien sustentada”, pues la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo hizo las diligencias de investigación, entrevistas y dictamen pericial para demostrar que sí hay una afectación al servicio público.
“Esperamos la fecha para que el Juez cite de nuevo y se dé la audiencia de imputación, para ver si establece la medida precautoria, que puede ser arraigo a prisión preventiva; eso depende de los elementos que obran en el expediente y la valoración que el Juez realice de los hechos”, concluyó.
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CG