El Gobierno del Estado de Quintana Roo adeuda más de 30 millones de pesos a varios integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chetumal-Tulum (Canaco Servytur), quienes prácticamente ya perdieron la esperanza de cobrarle estos recursos a la administración de Carlos Joaquín González, pues sólo quedan cuatro días para que finalice, por lo que esperan que María Elena Hermelinda Lezama Espinosa (Mara Lezama) les cumpla.
Juan Jaime Mingüer Cerón, líder de la Cámara, informó que 15 empresarios afiliados a ese gremio se encuentran sumamente preocupados, ya que son cuatro días los que restan a la actual gestión pública, y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), además de otros organismos, no les ha cubierto el adeudo que sostiene con ellos.
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Según el líder, ya tienen muy pocas esperanzas de que el Gobierno de Quintana Roo cumpla lo acordado, ya que sólo quedan cuatro días del mandato de Carlos Joaquín González y no ven que exista ninguna disposición de saldar el adeudo.
“Lo que no pagaron en meses o años es muy difícil que lo paguen en cuatro días”, advirtió el entrevistado, quien abundó que son alrededor de 30 millones los que les adeudan de manera conjunta.
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No sólo la Sefiplan mantiene adeudos con los empresarios de Chetumal, pues Mingüer Cerón señaló que también dependencias como el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq) y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) les adeudan artículos como papelería, muebles, productos de limpieza, servicios y demás insumos de oficina, desde hace más de seis meses, los cuales les fueron otorgados a crédito.
Sin embargo, hasta el momento están valorando las acciones de inconformidad que emprenderán, ya que debido al tiempo que queda de la presente Administración, la deuda tendrá que ser cobrada a Mara Lezama Espinoza, cuando asuma las riendas del Gobierno del Estado.
Además de los 30 millones de pesos que se le adeudan a los proveedores, también están pendientes unos 3 millones de pesos por concepto de renta de bienes inmuebles, donde se encuentran instaladas algunas oficinas de dependencias estatales.
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CG