Dos vehículos de alta gama, que fueron incautados luego del asesinato de Alan Aldana, en abril del año pasado, desaparecieron mientras se encontraban en el lote de automóviles conocido como Riviera Maya, ubicado en la avenida Nizuc, en la Supermanzana 17. Los autos estaban bajo la custodia de la Fiscalía General del Estado (FGE) cuando Óscar Montes de Oca Rosales era el titular y Carlos Maya Girón fungía como Vicefiscal de la Zona Norte.
Según el documento de la carpeta de investigación FGE/QROO/CAN/FEH/03/220/2022, el denunciante ha acreditado la propiedad de un vehículo Jeep Cherokee modelo 2004 y un Audi A5 modelo 2008. Sin embargo, la FGE respondió que otra persona también había acreditado la propiedad de estos vehículos, lo que ha generado una controversia sobre su propiedad. Se requerirán actos de investigación adicionales para determinar quién es el propietario legítimo de los vehículos que actualmente no se encuentran en la ciudad ni en ningún depósito vehicular de la FGE.
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El denunciante, que solicitó el anonimato por temor a represalias, afirmó que después del asesinato de su socio y amigo, Alan Aldana, quedó pendiente una deuda que la víctima tenía con él. La esposa del occiso lo contactó después de un mes para ofrecerle los vehículos como forma de pago de la deuda, y él inició los trámites para la liberación de los vehículos.
Sin embargo, hasta el momento, los vehículos no se han encontrado, y no se sabe quién supuestamente acreditó la propiedad de los vehículos ante las autoridades ministeriales. El denunciante teme que los vehículos hayan sido liberados con documentación falsa. Ha proporcionado los números de serie 1C4RJEBG1EC317397 para la camioneta Cherokee y WAUDK68T38A022204 para el automóvil Audi.
El denunciante también expresó temor por su integridad física y ha sido amedrentado desde que se supo que los vehículos no estaban en el depósito vehicular de la Fiscalía. No ha emprendido acciones legales debido a estas amenazas, pero solicita una investigación para determinar cómo se acreditó la propiedad de los vehículos y verificar la autenticidad de los documentos.
Es relevante mencionar que en noviembre de 2022, las oficinas del lote de automóviles mencionado, ubicadas en la misma dirección, fueron incendiadas, a pesar de estar bajo la custodia de las autoridades ministeriales. El denunciante sospecha que el incendio fue provocado para eliminar documentos como facturas de vehículos y tarjetas de circulación, con el objetivo de evitar cualquier reclamo legal, incluida la propiedad de una moto acuática en este momento.
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HS