El Instituto de Movilidad de Quintana Roo asegura que ninguna plataforma digital, como Uber y otras, han cumplido con el registro necesario para operar en la Entidad.
De acuerdo con el organismo, esto ha originado una repercusión significativa en el Fideicomiso para el Fondo de Movilidad, el cual se financia a través del 0.5 por ciento de la facturación generada por los servicios contratados a través de estas plataformas.
La principal razón detrás de la falta de recaudación de estos recursos radica en el hecho de que Uber ya opera en la Entidad gracias a un amparo legal, lo que le permite funcionar sin restricciones.
Este amparo solo beneficia a Uber, lo que implica que cualquier empresa que busque ofrecer servicios de transporte de pasajeros a través de plataformas digitales deberá cumplir con los requisitos de registro y la posterior contribución a las arcas del Gobierno.
Aunque no se dispone de datos precisos, se estima que actualmente más de 600 socios están brindando servicio a través de Uber en ciudades como Cancún y Playa del Carmen, y se espera que este número se triplique para el próximo año. Además, las estadísticas de la compañía indican que se realizan más de 3 mil viajes diarios en el Estado.
Mientras Uber ha estado luchando por mantener sus operaciones y seguir proporcionando servicios en la región, la empresa ha emprendido acciones legales en contra de la recién aprobada Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, esta situación plantea un dilema importante en la Entidad, ya que la falta de regulación está dejando sin recursos al Fideicomiso de Movilidad, mientras que la empresa de transporte digital sigue expandiendo sus operaciones con el amparo a su favor.
En abril pasado, el Congreso del Estado, aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Movilidad propuesta por la Gobernadora Mara Lezama para la regulación y operación del transporte de pasajeros a través de plataformas digitales como Uber y Didi.
En esa sesión, los Diputados del Estado de Quintana Roo aprobaron un nuevo marco normativo para que ofrezcan el servicio a través de plataformas personas particulares que cuenten con un permiso, previo trámite de la persona moral, o bien aquellos operadores que cuentan con una concesión de transporte público como taxis.
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AT