La polémica sobre las licencias para conducir se intensifica debido a la reforma aprobada en el Congreso de Quintana Roo, con la que el Gobierno del Estado busca monopolizar las facultades para el cobro y otros derechos en materia de transporte.
Esto ha generado controversia constitucional respaldada por el PAN, que sostiene que se trata de un millonario negocio para unos pocos. Carlos Orvañanos, vocero del partido en Quintana Roo, expresó su preocupación por las recientes aprobaciones en las leyes de Hacienda y Movilidad, que otorgan al Gobierno estatal el control exclusivo del cobro de licencias de conducir y otros derechos de transporte. Se teme que estos derechos se concesionen a un particular por un período de 15 años, lo que generaría un negocio lucrativo.
“Esto es un retroceso en términos de fortalecimiento a los municipios, pues ellos tienen ciertas facultades recaudatorias, entre ellas, las que derivan de la expedición de las licencias de conducir y con esta reforma se regresaría al Estado la facultad de expedición y sobre todo de cobro.
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"Lo que hemos escuchado en los pasillos del Congreso es que la pretensión es que estos derechos se concesionen a un privado por un término de 15 años. Por eso, desde aquí décimos que nos vamos a oponer a que eso suceda, no queremos que nuestro en Estado se sigan privilegiando los negocios de unos cuantos particulares, queremos que a través de la Ley de Hacienda se fortalezcan los municipios, que lleguen más recursos para las distintas necesidades como las vialidades, la seguridad y no vamos a dejar que unos cuantos se queden con este millonario negocio”.
La Senadora Mayuli Martínez, por su parte, lamentó que el Gobierno estatal esté centralizando un trámite que históricamente han gestionado los Gobiernos municipales, sugiriendo que se busca hacer un negocio concesionando el servicio para cualquier expedir tipo de licencia. Indicó que desde abril se discutió el tema en el Congreso, pero recientemente se aprobó que toda la recaudación sería para el Estado.
El municipio de Solidaridad ha iniciado una Controversia Constitucional para preservar su autonomía. Se espera que la polémica crezca, ya que las ganancias anuales superarían los 250 millones de pesos. El blanquiazul argumenta que esta medida afectaría indirectamente a quienes obtienen una licencia y obstaculizaría la capacidad de los Ayuntamientos para obtener ingresos que beneficiarían a la población.
“Lo que estamos viendo a nivel estatal, es que quieren replicar lo que hace la Federación, de descentralizar todo el poder, financiero, jurídico, que recaiga en la autoridad Estatal, desprotegiendo y ahorcando a los municipios sin recaudación y vemos esa intención de concesionar a particulares por 10 o 15 años.
En Quintana Roo están siguiendo los pasos del Gobierno Federal con acciones como estas y le quitan aún más la recaudación a los municipios y son ellos lo que hacen el bacheo y recogen la basura”, sentenciaron.
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GC