Barcos Caribe era una empresa naviera que ofrecía servicios de transporte marítimo entre Cozumel y Playa del Carmen, en Quintana Roo. La compañía fue creada en 2012 por familiares y allegados del ex gobernador Roberto Borge Angulo, quien habría financiado la compra de las embarcaciones con dinero público.
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La empresa fue suspendida en 2018, después de que una de sus embarcaciones sufriera una explosión que dejó 26 heridos, entre ellos turistas extranjeros. La investigación reveló que se trató de un autoatentado, presuntamente orquestado por Roberto Borge Martín, padre del ex gobernador y uno de los principales accionistas de la naviera, para cobrar un millonario seguro en dólares.
Además, la empresa fue investigada por el SAT por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y operaciones simuladas. Según la autoridad tributaria, la compañía pretendió ocultar la compra de las embarcaciones, que costaron más de 200 millones de pesos, mediante el proyecto “Monarca”, que consistía en simular contratos de arrendamiento con empresas fantasma.
Desde entonces, Barcos Caribe no ha vuelto a operar y sus barcos permanecen abandonados en el muelle fiscal de Cozumel. La empresa enfrenta múltiples demandas y denuncias por parte de sus trabajadores, proveedores y acreedores, así como por las autoridades federales y estatales. La naviera es considerada uno de los símbolos de la corrupción y el desvío de recursos durante el gobierno de Roberto Borge Angulo.
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AT