Debido al conflicto registrado entre los taxistas del Estado y la aplicación de transporte Uber, mismo que hasta la fecha continúa en Quintana Roo, los empresarios de la Entidad han solicitado que los Diputados locales de la XVII Legislatura hagan una Ley de Movilidad incluyente, la cual esté bien elaborada y que no esté sujeta a amparos, para que así todos los transportes puedan ofrecer un servicio de primera, lo que termine por generar que haya más competencia, en beneficio de la población.
Eduardo Martínez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE), aseguró que estarán al pendiente de la formulación de la nueva Ley de Movilidad, la cual deberá buscar crear un beneficio para todas las partes involucradas; sin embargo, se deberá preponderar la capacidad de ofrecer un servicio que sea de calidad, tanto para los habitantes, como para los turistas, ya que estos, los usuarios, resultan ser los más afectados por este tipo de conflictos entre los sindicatos de taxistas y otras plataformas.
“Nosotros esperamos que haya una Ley de Movilidad muy incluyente, porque se necesita, hay que regular las plataformas digitales; queremos que haya diálogo entre todos los participantes y que incluyan todos los puntos, y que no solo sea, digo, además del impuesto que corresponda al Estado por el servicio, que no se concentre en eso, y se tomen todos los puntos en consideración, porque una ley que no tome en cuenta eso es sujeta de volverse a amparar”, aseguró.
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El líder empresarial señaló que los Diputados del Congreso del Estado deberán ser muy cuidadosos al momento de crear un marco jurídico que pueda garantizar orden, calidad y seguridad para todos los usuarios de transporte, pues, finalmente, deben de legislar sin tomar algún partido en los bandos involucrados.
“Los diputados deben de ser totalmente transparentes, sin tomar algún partido, sin conflictos de interés, y bueno, esperamos que este problema se solucione lo antes posible, pues la alerta de Estados Unidos y todo lo que se ve en redes sociales debe de tomarse en cuenta”, continuó.
Cabe recordar que los socios conductores de la plataforma de Uber solicitaron un juicio político contra el director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), Rodrigo Alcanzar Urrutia; contra la Directora de Gobierno, Erika Castillo Acosta; y también contra la Secretaria de Gobierno del Estado, Cristina Torres Gómez, a quienes acusan por no ser imparciales en el conflicto.
Los conductores de la aplicación de transporte afirmaron que los funcionarios señalados tienen una asociación delictuosa, así como también incitan a la violencia, por corrupción y por conflictos de intereses relacionados con los sindicatos de taxistas “Andrés Quintana Roo”, del municipio de Benito Juárez, y con el llamado “Lázaro Cárdenas del Río”, del municipio de Solidaridad, lo que no les permite ser totalmente imparciales dentro del conflicto de movilidad que actualmente afecta a Quintana Roo; ante estos señalamientos, los empleados de Uber afirman contar con las pruebas para comprobar que los funcionarios mencionados están comprometidos con los choferes taxistas, a quienes les prometieron no permitir las operaciones de la aplicación digital.
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NR