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La Ley de Seguridad Ciudadana, recientemente aprobada, debe ser en beneficio de la sociedad, y no sólo un argumento para cambiar la imagen institucional de la Secretaría de Seguridad Pública, coincidieron en señalar diversos actores de la sociedad de la capital del Estado.
Diddier Felipe Vázquez Méndez, exsubsecretario de Seguridad Pública en el Estado, y exdirector de las Policías de Bacalar, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y de Othón P. Blanco aseguró que de un análisis resulta relevante el hecho que haya una nueva ley que contenga aspectos distintos, el tema de los fondos, de la profesionalización, y los mecanismos de apoyo a los municipios, sin que se entrometa en la autonomía de los mismos.
“Hay que darle su oportunidad de ver cuáles son los beneficios tangibles que aporta tanto a la ciudadanía como a los integrantes de las instituciones policiaca; es evidente que para alcanzar sus fines requerirá que en los siguientes ejercicios presupuestales se les dé lo necesario para que se plasme de manera objetiva” señaló.
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Agregó que sin duda, opinar en el sentido de si es buena o mala es apresurarse a realizar valoraciones sin fundamento.
“Insisto lo importante es que se están tomando acciones para hacer cosas distintas y ante eso la posibilidad de obtener resultados diferentes a los actuales se potencializa y desde luego me refiero a resultados positivos, mucho dependerá de quienes estén al frente de la seguridad en la parte administrativa y sobre todo operativa, de entrada se ha dado un paso importante, los resultados y la calificación sólo se podrán realizar más adelante”, dijo.
Para el empresario chetumaleño Marcial Aguayo, la ley debe aplicarse para realizar un cambio en la seguridad del Estado y no sólo para que se deje atrás el modelo joaquinista implementado en la pasada Administración a través de Alberto Capellán Ibarra, que fue más que invasivo en la autonomía de los municipios.
“La nueva ley debe ser de beneficio social, no sólo para un cambio de uniforme o imagen”, señaló el empresario.
La medianoche del martes, los Diputados de la XVII Legislatura aprobaron la Ley que entre otras cosas establece criterios de aplicación de recursos, profesionalización y dota a la Corporación estatal de facultades de investigación, mientras que la prevención queda en mano de los Ayuntamientos
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NR