Los cuatro policías detenidos por la muerte de la migrante salvadoreña Victoria Salazar podrían quedar en libertad, denunció el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).
A dos años del feminicidio, un Juez de control y de juicio oral penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulum ordenó una audiencia, el próximo 4 de abril, para revisar la continuidad de la detención de los cuatro agentes.
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La organización señaló que fueron notificados el pasado 31 de marzo sobre la nueva audiencia, pues fungen como representantes de la familia de Victoria, y calificaron como una injusticia incluso la nueva revisión de los hechos para deslindar responsabilidades, por lo que pidieron al Poder Judicial del Estado que no permita la impunidad.
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“En sus manos está que las mujeres en este país, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria, sigan creyendo en la justicia y tengan la certeza de que los responsables de sus violencias responderán ante la justicia, lo cual es responsabilidad del Estado. Exigimos que se cumpla con el compromiso asumido, que el caso no quede impune, y se garanticen el debido proceso y el derecho de la familia de Victoria a la verdad, la justicia y la reparación. Las mujeres merecen justicia, en este país, que cobra la vida de 10 de ellas cada día”, detalló el Imumi.
Añadió que tras el feminicidio de Victoria, los Gobiernos de México y El Salvador se comprometieron a dar un seguimiento puntual al caso, para condenar a los policías que acabaron con la vida de Victoria por abuso de autoridad, sin embargo, no hay avances.
“Cada día que pasa sin lograr la reparación integral del daño, no es más que una expresión de injusticia para Victoria y su familia, y para todas las mujeres migrantes, solicitantes de protección internacional y refugiadas en México”, explicó el organismo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 34/2021 el 24 de agosto de 2021, en la que llamó al entonces Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, Víctor Mas Tah, y a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, a que brinden a las víctimas indirectas del caso la reparación integral; sin embargo, tampoco se reportan avances.
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NR