Hasta la tarde de ayer no había un acuerdo entre habitantes de la localidad de Graciano Sánchez, comunidad también conocida como "La Pantera", y autoridades federales para retirar el bloqueo carreterode la vía corta a Mérida, el cual inició desde las 05:00 horas del miércoles para exigir a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) el pago de una indemnización por más de 100 millones de pesos por la expropiación, desde hace más de 60 años, de 22 hectáreas que fueron utilizadas para la construcción de esa carretera.
Debido al bloqueo arribaron al sitio elementos de la Policía Quintana Roo y de la Guardia Nacional de Carreteras, quienes dialogaron con los inconformes para que desbloqueen la vía, aunque los ejidatarios pidieron que se respete su derecho a la libre manifestación y señalaron que su reclamo es válido; más cuando desde hace dos años, el 3 de mayo del 2021, recibieron el compromiso que se les pagaría.
Los agentes advirtieron en caso de ver alteración del orden público y agresiones hacia los automovilistas realizarían la detención de los ejidatarios, por lo que no se había reportado ni un altercado por parte de los presentes.
El Presidente municipal de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez, acudió al sitio para intentar llegar a un acuerdo con los ejidatarios, pero no hubo respuesta y por el contrario pidieron que se sume a su movimiento que ellos consideran justo, pues desde hace más de 60 años no se les paga la indemnización, por lo que pidieron que los apoye con agua y alimentos.
Los ejidatarios abrieron el paso cada hora, pero los automovilistas tuvieron que pagar una cuota de 100 pesos y advirtieron que permanecerán en el sitio hasta las 22:00 horas, aunque anticiparon que, en caso de no tener respuesta positiva de las autoridades federales, cerrarán por completo el paso a la circulación.
Ayer miércoles se cumplieron dos años desde que el Presidente se comprometió con los ejidos de Graciano Sánchez, Tihosuco y Tepich a pagar la indemnización por la expropiación de sus tierras para la construcción de la carretera vía corta a Mérida y la carretera que comunica a la Zona Maya con Valladolid, Yucatán.
El compromiso se cumplió con Tihosuco y Tepich, no así con Graciano Sánchez, por lo que la manifestación está en marcha y se anticipa que podría ser de forma permanente.
Representantes del Gobierno Estatal ya han realizado un acercamiento con los manifestantes, pero han señalado que no tienen las facultades para poder solventar el pago, y se ofrecieron a ser mediadores con el Gobierno Federal.
De no destrabarse el bloqueo, se anunció que para el día hoy, los inconformes cerrarían el paso en la carretera de manera permanente, hasta que no se les entregue el pago de su indemnización.
La vía corta a Mérida, como su nombre lo dice, es la forma más directa para llegar hacia el vecino estado de Yucatán, a través de varias comunidades de los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, se construyó hace 60 años y desde ese entonces no se les ha indemnizado a los ejidatarios.
Actualmente, piden un pago de 120 millones de pesos, es decir, un millón para cada uno de los ejidatarios, por una superficie de 22 hectáreas que se utilizaron para la construcción de esta carretera.
Cabe señalar que ayer por la tarde la SICT ofreció, a través de su Dirección Jurídica, seis millones 516 mil 632 pesos para finiquitar la expropiación, mediante un desglose de 563 mil 313 pesos por las 24 hectáreas de terreno, de acuerdo al Índice Nacional de Precios del Consumidor (INPC) del presente año y los cinco millones 953 mil 319 pesos adicionales son por el rendimiento de la siembra y cosecha de frijol desde la fecha de expropiación de hace 60 años, hasta este 2023, es decir, lo que se dejó de producir en grano.
Sin embargo, los ejidatarios pidieron ahora un millón de pesos por hectárea, pues en más de 50 años la SICT ha usufructuado la vía corta a Mérida, sin que ellos tengan alguna clase de beneficio, además, rechazaron la propuesta de la subsecretaria técnica de la Secretaría de Gobierno (SG), Esther Burgos Jiménez, de conformar una mesa de diálogo y la institución que representa sería mediadora.
Por lo que de nuevo amenazaron con que el bloqueo continuará mientras las autoridades no cedan a las exigencias de los inconformes.
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