No se ha iniciado ningún proceso por el presunto ecocidio cometido por una empresa vinculada al Hotel Mirada, que se encuentra en la fase inicial de construcción. En el área donde se abandonaron más de 100 plantas de palmas chit no se detecta evidencia alguna de intervención de la Profepa, ya que no hay ninguna lona que indique su participación en el sitio.
La Dirección de Ecología municipal tampoco ha tomado medidas, ignorando los llamados de los vecinos que exigen sanciones contra los responsables del trasplante descuidado de las palmas chit y más de 150 matas de cocos. Estas plantas fueron abandonadas y permanecieron sin riego durante todo el año pasado, según relatos de la comunidad local.
La ausencia de sellos en el vivero y área de construcción ha generado preocupación entre los residentes, quienes perciben esta actitud como un indicativo de indiferencia por parte de las autoridades institucionales.
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En un vivero asociado al centro de hospedaje, se observan un montón de palmas de chit apiladas, las cuales, en el verano anterior, estaban plantadas. Lamentablemente, el 90 por ciento de estas plantas murió por falta de agua. Ahora, el lugar se ha destinado como área de descanso para los trabajadores.
A principios de 2023, cuando inició la construcción, más de 200 plantas, incluyendo las de chit, fueron retiradas sin seguir el protocolo establecido por la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010), que especifica el trasplante en un vivero para un cuidado adecuado. Los vecinos señalan que este procedimiento no se siguió correctamente.
La obra se detuvo en primavera, y se espera que se reanude en 2024, ya que se prevé su conclusión en 2025. El predio colindante al Sur, donde antes se encontraba la casa del desaparecido ambientalista Ramon Bravo, se encuentra a 300 metros en línea recta desde el vivero, pero en el camino la distancia es de más de medio kilómetro.
Los denunciantes comparan esta actitud pasiva e indiferente de la Profepa y la Dirección de Ecología municipal con el caso del Hotel Secrets, que causó daño al pasto marino al succionar arena para crear su playa artificial el año pasado. Alegan que existe favoritismo hacia los grandes capitales y exigen que se ponga fin a esta injusticia. Acusan a funcionarios corruptos en el Gobierno, a quienes consideran cómplices en la protección de ecocidas con el aval de la Profepa.
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HS