Durante el año 2023, se iniciaron al menos 120 carpetas de investigación por el delito de despojo en el municipio de Othón P. Blanco, con mayor incidencia en terrenos ejidales en la periferia de Chetumal. Algunos de estos terrenos han sido convertidos en desarrollos inmobiliarios irregulares, mientras que otros conflictos derivan de la falta de certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra.
El delito de despojo está tipificado en el Código Penal en los artículos 158 y 159 como un delito patrimonial. El primero establece una pena de prisión de seis meses a seis años y de 25 a 250 días multa para aquel que, sin el consentimiento del legítimo propietario o mediante engaño a éste, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, o impida materialmente el disfrute de uno u otro.
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Asimismo, existen otros supuestos legales, como ocupar un inmueble propio en posesión legítima de otra persona, alterar términos o lindes de predios, desviar o hacer uso indebido de aguas propias o ajenas en casos no permitidos por la ley, o ejercer actos de dominio que lesionen derechos legítimos del usuario de dichas aguas.
Según información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, en 2023 se registraron 120 denuncias relacionadas con la invasión de predios, ya sean terrenos o viviendas, en el municipio de Othón P. Blanco. Bacalar, por su parte, sumó 36 casos de este tipo.
En el municipio de Othón P. Blanco, la localidad de Mahahual, situada en la Costa Maya, presenta el mayor número de denuncias por el delito de despojo. Aunque la dependencia no proporcionó la cifra exacta de casos atendidos en este polo turístico en desarrollo, propietarios establecidos en la Costa Maya afirman que hay al menos 25 predios invadidos, donde se han formado asentamientos irregulares, configurando así el delito de despojo. Sin embargo, muchos propietarios decidieron no emprender acciones legales contra los líderes de dichas invasiones, especialmente los extranjeros, que optaron por no luchar por la recuperación de sus propiedades.
En el año 2023, José Alberto Alonso Ovando, titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro) atribuyó a la inmigración la mayor causa de los asentamientos irregulares, tanto en terrenos propiedad de la Agepro, como en aquellos pertenecientes a particulares con grandes extensiones. En respuesta, el Gobierno de Quintana Roo había iniciado un proceso de regularización mediante una colaboración entre los propietarios y los invasores.
Recientemente, la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres, instó a la población a no adquirir terrenos anunciados en plataformas digitales. Aunque se comercializan como proyectos inmobiliarios con amenidades, en realidad, en los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco no existen solicitudes de urbanización. Esto pone en duda lo ofrecido por las empresas, ya que, incluso al concretarse las ventas, no se entregan títulos de propiedad, sino certificados de posesión, muchos de ellos agrarios, que no generan ningún derecho.
Las autoridades hacen un llamado a evitar la creación de asentamientos irregulares en Bacalar y Othón P. Blanco para prevenir problemas sociales derivados de la falta de servicios en el futuro.
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HS