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De las 194 quejas que ha recibido la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo (Cedheqroo), en lo que va del año, 54 recaen en la Fiscalía General del Estado (FGE), siendo la institución con el mayor número así lo dio a conocer la titular de la dependencia, Omega Ponce Palomeque.
Explicó que las quejas más recurrentes en contra del personal de la Fiscalía son el ejercicio indebido de la función pública.
“Durante este año la Comisión de Derechos Humanos ha recibido un total de 194 quejas entre las autoridades mencionadas, en primer lugar, se encuentra la Fiscalía General del Estado con 52 quejas y de los hechos violatorios más mencionados son ejercicios indebido de la función pública”, expuso.
“Hasta el momento hemos logrado la colaboración y la vinculación con todas las instituciones han tenido mucha apertura y comunicación con la Comisión de Derechos Humanos para establecer vínculos específicos para gestiones y para seguimiento la principal medicina para prevenir la violación a derechos humanos es y seguirá siendo la capacitación y sensibilización de los servidores y las servidoras públicas”, agregó.
La ombusdman de Quintana Roo aseguró que la “medicina” para acabar con las malas actuaciones de los servidores públicos es la capacitación, por lo que mantienen los cursos y campañas de concientización de los derechos humanos de las personas.
Mencionar además que, como es una constante, las otras dependencias que acaparan quejas ante esta Comisión, son las encargadas de brindar la protección ciudadana.
A fines del 2022, mencionar, por último, una de las recomendaciones que hicieron a la Fiscalía fue por la detención ilegal de una persona a la que le sembraron estupefacientes y detuvieron elementos que fueron captados por cámaras de vigilancia luego de tratar de relacionarlo con un homicidio; sin olvidar que fue víctima de tortura una vez que lo tenían en sus instalaciones y por lo que también se ordenó una investigación para dar de baja a los involucrados.
Dijo que la sociedad civil y diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han expresado su preocupación ante esta problemática, exigiendo medidas inmediatas para abordar y corregir las presuntas irregularidades en la Fiscalía General del Estado. Se ha instado a las autoridades a implementar programas de capacitación y sensibilización para el personal, con el fin de promover un ambiente de trabajo respetuoso y garantizar el trato adecuado a la ciudadanía.
La FGE, por su parte, no ha respondido a estos señalamientos para colaborar plenamente en las investigaciones y a tomar medidas correctivas, en caso de ser necesario. Sin embargo, la atención está centrada en la efectividad de dichas y en la capacidad de la institución para erradicar las prácticas que han generado el alarmante número de quejas.
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HS
