El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se ha detenido temporalmente el proceso para convertir a Calica en un Área Natural Protegida, ya que se han iniciado negociaciones con la empresa para evitar una prolongación del conflicto.
El mandatario señaló que se han retomado las conversaciones con la empresa Vulcan Materials, propietaria de la sascabera Calica en Playa del Carmen. Se ha planteado nuevamente la posibilidad de adquirir las 2 mil 400 hectáreas que la empresa posee en el Caribe Mexicano, con el fin de resolver un litigio internacional que la empresa ha presentado ante las instancias de resolución de controversias en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
“Buscamos alcanzar un acuerdo, siempre preferimos el acuerdo. Cuando ya no es posible debido a la actitud prepotente o caprichosa de la contraparte, entonces debemos recurrir a medidas legales”, comentó el mandatario. “Estamos trabajando para llegar a acuerdos, ya que es lo mejor en todos los casos. Ayer mismo logramos un acuerdo con Iberdrola y adquirimos 13 plantas, a pesar de las diferencias que teníamos”, agregó.
Noticia destacada
Golpe a Calica Playa del Carmen; Gobierno de México saca a Tribunal Internacional del jucio
Ante la pregunta directa sobre si se ha detenido la declaración de Área Natural Protegida para las 2 mil 400 hectáreas que Calica posee en Playa del Carmen y la parte continental de Cozumel, el Presidente asintió y agregó: “estamos en espera para ver si logramos un arreglo, con la disposición de adquirir la propiedad por 6 mil millones de pesos”.
Antecedentes
El plazo para participar en la consulta pública sobre el estudio justificativo para declarar la mina Calica-Sac-Tun, ubicada en Playa del Carmen, como Área Natural Protegida (ANP), venció a finales del año pasado.
Esta mina a cielo abierto es propiedad de la empresa estadounidense Vulcan Materials, que enfrenta acusaciones por parte del Gobierno federal de cometer ecocidio en el Caribe Mexicano, una de las zonas turísticas más visitadas del país. En respuesta, la empresa ha iniciado un litigio internacional contra México por mil 900 millones de dólares, alegando presuntas violaciones del tratado de libre comercio.
Según el anuncio realizado por el Gobierno Federal el 9 de noviembre de 2023 en el Diario Oficial de la Federación, la nueva reserva natural en Calica tendría el estatus de zona de protección de flora y fauna y llevará el nombre de “Leona Vicario”. La reserva abarcaría una superficie de 2 mil 387 hectáreas en los municipios de Solidaridad y Cozumel, incluyendo la mina a cielo abierto y el muelle de Punta Venado, ambos propiedad de Vulcan Materials.
El objetivo inicialmente declarado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador era que la declaratoria de Área Natural Protegida estuviera lista antes de que concluyera su mandato, con el fin de detener la extracción de piedra caliza y su exportación a Estados Unidos, “a costa de la destrucción del territorio nacional”.
Sin embargo, al parecer, estos planes han cambiado con los nuevos acercamientos realizados con la empresa.
Alegatos ante tribunales internacionales
Vulcan Materials inició en 2018 un litigio internacional derivado de al menos tres actos de distintos órdenes del Gobierno mexicano que se remontan a 2009. En ese año, el ayuntamiento de Solidaridad modificó el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y cambió el uso de suelo del predio “La Adelita”, uno de los cuatro que pertenecen a Vulcan Materials en Playa del Carmen. Este cambio de uso de suelo ha impedido a la empresa realizar actividades extractivas en ese predio, que constituye su principal fuente de ingresos desde su llegada a México en 1986.
El segundo acto de Gobierno es la imposición de impuestos por el movimiento portuario en el muelle de Punta Venado en 2014, lugar desde donde embarcan y movilizan la piedra triturada que exportan a Estados Unidos. Por último, Vulcan reclama como tercer agravio la clausura de otro de sus predios llamado “El Corchalito”, en 2017.
La clausura de otro de sus predios, “La Rosita”, en mayo de 2022, se sumó como nuevo componente al litigio.
A pesar de que el Presidente López Obrador hizo un llamado público en sus conferencias desde Palacio Nacional a Vulcan Materials para que se abstuviera del arbitraje internacional contra México a cambio de un acuerdo, el litigio continuó su curso. El 11 de julio de 2022, el CIADI autorizó a la empresa a presentar una reclamación adicional, relacionada con la clausura del muelle de Punta Venado y del predio “La Rosita”.
Esto marcó el inicio de una segunda fase del arbitraje, que resultó en dos rondas adicionales de escritos y una audiencia en la que se permitió a la empresa aumentar el monto actualizado de compensación exigido a México, pasando de mil 500 a mil 900 millones de dólares.
Síguenos en Google News y recibe la mejor información
NM