Fue en noviembre del año 2003 cuando se destapó uno de los casos más graves en la historia de Quintana Roo: el de pornografía infantil que lideraba Jean Succar Kuri “El Johnny”, recientemente fallecido, pero que involucraba toda una red de complicidades y corrupción con políticos y empresarios.
Ahora, 21 años después, sigue dando de qué hablar, tras el arraigo domiciliario de Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla, y de la decisión de que el entonces jefe de la extinta Policía Judicial, Hugo Adolfo Karam Beltrán, continúe su proceso en libertad.
Sin embargo, existen varios personajes de los que ya no se volvió a hablar, pero que han sido señalados en esta amplia red de pederastia, como el “Rey de la mezclilla”, Kamel Nacif, Alejandro Góngora Vera (exfuncionario de Aduanas, en Quintana Roo y exdelegado del Fondo Nacional de Fomento al Turismo), Miguel Ángel Yunes Linares (exsubdirector de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, exsecretario de Seguridad Pública y exgobernador de Veracruz), de acuerdo con los testimonios de las agraviadas y sus madres.
El empresario de origen libanés, Jean Succar Kuri, falleció en junio pasado y a la tumba se llevó muchos secretos y nombres de personajes importantes, a nivel local y nacional, que formaron parte de la red de corrupción de “El Johnny”, quien llegó a Cancún a mediados de los 80, donde invirtió en negocios en el aeropuerto internacional y en propiedades, como Solymar, en la Zona Hotelera.
Rápidamente, se hizo popular y amigo de varios políticos, principalmente del PRI, situación que le ayudó para poder escapar de la justicia mexicana, tras liberarse la orden de aprehensión, en el 2003, aunque el 5 de febrero del 2004 fue detenido en Arizona, Estados Unidos.
Tuvieron que pasar dos largos años para que se lograra la extradición. El 4 de abril del 2006, el Juez Magistrado para el Distrito de Arizona, David K. Duncan, otorgó la extradición y se ordenó, por la vía diplomática el 14 de julio de 2006, la entrega a México, en extradición, de Succar Kuri. Dos días después fue ingresado a la cárcel de Cancún, alrededor de la una y media de la madrugada, bajo un fuerte dispositivo de Seguridad y en uno de los penales más endebles del país, por lo que luego se ordenó su traslado al Cereso de Chetumal, donde sólo estaría unas semanas, ya que en noviembre del 2006 fue trasladado a la prisión de máxima seguridad, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, conocido como “El Altiplano”.
El 28 de marzo del 2010, lo trasladaron de regreso a la cárcel de Cancún. En el 2011 fue condenado a 112 años de prisión, una histórica sentencia dictada por el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito, con sede en Benito Juárez, José Ángel Mattar Oliva, por delitos de pornografía infantil, lo que sentó un precedente en el país, pues modificó la condena original del Juez Segundo de Distrito, Gabriel Alfonso García Lanz, por sólo 13 años de prisión.
La condena fue de 16 años de presidio por cada uno de los siete menores afectados, y que en conjunto sumaban 112 años de sentencia, aunque finalmente la pena se redujo a 93 años. Succar Kuri, quien cumplía esa condena, murió a los 79 años de edad en un hospital privado de Cancún, a consecuencia de una insuficiencia cardiaca, y ya no se habló más de los otros involucrados, que hoy gozan de libertad y quizá con la plena seguridad de que la impunidad seguirá, tras varios años de ocurridos los hechos.
Una de las principales víctimas de esta red de pornografía infantil fue Edith E., quien apenas hace unos meses lamentó que el Sistema Judicial la haya seguido revictimizando, de manera constante.
“A más de 20 años, aún me siguen citando a audiencias que no se realizan, y no hay personal en el Juzgado Penal de Primera Instancia que me atienda para efecto de realizar la que se tenía fijada. Me duele la falta de sensibilidad de las autoridades y suplico que ya no sigan lastimándome y violentando mis derechos humanos”, señaló.
Además, hizo un llamado al poder judicial, al Consejo de la Judicatura Estatal y Federal, pues aseguró que en el ámbito del Fuero Común aún no hay sentencias de primera instancia y en el ámbito federal no se cuenta con una sentencia firme y, mientras, asegura que sigue siendo revictimizada, en tanto que el resto de los implicados gozan de impunidad.
GC