Una disminución drástica en la calificación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvieron los centros de reinserción social de Quintana Roo, al pasar de 7.19 puntos en el 2022 a 4.84 durante el 2023. El peor calificado fue el de Cancún, donde se observaron diversas deficiencias en temas básicos.
En el documento se informó que durante el 2022, el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún tuvo una calificación de 6.23 y en la evaluación del año pasado concluyó en 3.33, prácticamente a la mitad, sin que hasta ahora las autoridades estatales encargadas en la materia hayan hecho un pronunciamiento para saber lo que ocurrió.
La cárcel de Benito Juárez no fue la única reprobada, pues en Chetumal pasó de 7.05, en 2022, a 4.56, durante 2023; Playa del Carmen, de 7.27 a 5.64; y la de Cozumel de 8.19 a 5.85, hasta cierto punto la mejor calificada de la entidad, pero también mostró un significativo descenso.
Las cuatro cárceles de Quintana Roo tuvieron un patrón similar en cuanto a las carencias. En el rubro que garantiza la integridad de las personas se presentaron deficiencias en las condiciones de reos en aislamiento, temas de salud, separación de hombres y mujeres, falta de prevención de violaciones a derechos humanos y hacinamiento.
En cuanto a los aspectos que garantizan una estancia digna, se mencionó la precaria alimentación y deficientes materiales de higiene personal, en la cocina y área de atención médica; mientras que en las condiciones de gobernabilidad, el documento señala la carencia de procedimientos para la imposición de sanciones disciplinarias. También se observó autogobierno en el interior de las cárceles y la falta de capacitación del personal penitenciario.
Sumado a lo anterior, se agregó que no se tienen normativas que rijan al centro, como reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables, así como insuficiencia de personal de seguridad y custodia, y la presencia de actividad delictiva entre la población carcelaria.
En cuanto a la reinserción social se observó deficiente integración del expediente técnico-jurídico, carente separación entre procesados y sentenciados, inadecuada clasificación entre los internos, e inexistencia de actividades deportivas, educativas, laborales y de capacitación.
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También señala deficiencia en la atención a internos específicos, como mujeres y/o menores que viven con ellas, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, integrantes de la comunidad LGBTIAQ+ y presos con VIH o SIDA.
En lo único que se observó una apropiada atención fue en la unificación y funcionamiento del Consejo Técnico, compuesto por personal administrativo de las diversas áreas que operan en el Cereso.
En los estudios anteriores, como en el del 2015, las cárceles del estado tuvieron una calificación de 4.43; en el 2016 fue de 4.69; para el 2017 se concluyó en 5.03; mientras que en el 2018 tuvo 6.10; en el 2019 se incrementó a 6.44; y en 2020 cerró con 7 puntos; sin embargo, en el 2021 bajó a 6.04; en el 2022 se recuperó a 6.23; y sin explicación alguna, el año pasado cayó a 4.84.
GC