Desaparecidos en Quintana Roo: crisis permitida y cifras en aumento

El fenómeno de las personas desaparecidas se ha convertido en una crisis en el estado de Quintana Roo, al pasar de pocos casos exclusivos en las zonas turísticas, predominantemente Cancún, a esparcirse por toda la geografía estatal hasta las comunidades mayas.

Si bien, los casos se han registrado durante toda la historia estatal, tuvo una explosión en los últimos años, a partir del 2022, año en el que comenzó la primera administración local con una mujer como gobernadora, de acuerdo con especialistas consultados.

En el 2020, de acuerdo con cifras oficiales, se contabilizaron un total de 76 casos; en el 2021 fueron 127; sin embargo, en el 2022 el reporte prácticamente se triplicó, alcanzando la cifra de 497 desaparecidos; de ahí una insignificante disminución en el 2023, con 383; y hasta la fecha, en el 2024, según los números oficiales existen 472. Esto tomando en cuenta que, de cuatro delitos, tres no son denunciados, por lo que los números podrían ser mayores.

Lo anterior, mientras las autoridades se encuentran rebasadas por la situación, hecho que han admitido; pero que tampoco hacen modificaciones para intentar frenarlo; pues la política pública se mantiene al margen, ya que de nueve instituciones y marco jurídico que se requiere para atender el fenómeno, en la entidad únicamente se cuenta con cuatro.

Ante el hermetismo y falta de respuestas de las autoridades, se buscó a organismos nacionales e internacionales para que brindaran su punto de vista al respecto de lo que ocurre en el polo turístico, en ese tenor, se tuvo la intervención de Susana Díaz Pineda, representante del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”; Cristina Lozano, defensora de Derechos Humanos y parte del El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD); y Alejandro Juárez, vocero de Amnistía Internacional.

Estado omiso

La situación en Quintana Roo en cuanto al aumento de personas desaparecidas obedece a diversos factores, pero finalmente la responsabilidad recae en el Estado, el cual no ha cumplido en totalidad con sus funciones para garantizar la seguridad y los derechos de los habitantes, esto, de acuerdo con lo comentado a Por Esto! por parte de Cristina Lozano, abogada por la Universidad Latina, Campus Roma, y quien es parte del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD).

El instituto se dedica desde hace 17 años a la promoción de los derechos humanos en el país, además de brindar el acompañamiento en los casos de desaparición de personas, feminicidios y violencia familiar; con la finalidad de impulsar el fenómeno de los extravíos dentro de la política pública y causar incidencia entre las autoridades para entender lo que ocurre.

Desde que se alcanzó la cifra de 100 mil personas extraviadas en el país, se realizó un análisis en forma regional para determinar cómo funciona y cuáles otros delitos se relaciones con las desapariciones forzadas.

El seguimiento se ha dado a través de un espacio digital nombrado como Red Lupa, en el cual se realiza la vigilancia de la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

En el sitio se ha buscado fomentar el diálogo significativo entre los enlaces con los que se cuenta en cada uno de los estados, por medio de la conformación de la red colaborativa, a fin de consolidar el seguimiento y evaluación de la ciudadanía hacia las leyes bajos los criterios específicos compartidos.

De acuerdo con Cristina Lozano, todo parte de un análisis institucional del marco jurídico del estado, en lo que se refiere a la Ley General en Materia de Desaparición, la cual debe integrar todo el sistema de búsqueda, donde se establecen las instituciones y los márgenes legales que deben existir, por lo que, de acuerdo con Red Lupa, Quintana Roo tiene una calificación de nivel medio superior de gravedad, por lo que está colocado en color naranja.

A nivel nacional, el primer corte lo realizaron el 16 de mayo de 2022, cuando se alcanzó la cifra de 100 mil desaparecidos, y así continuaron cada año en la misma fecha, donde cada dato se analiza, pues son cifras facilitadas por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

Sin embargo, cuando hay un acercamiento a los enlaces en los estados para corroborar los números, siempre son más, toda vez que entran al análisis de la ley local con familiares y colectivos, los cuales viven una realidad muy diferente a lo que muestran las cifras.

En Quintana Roo, para el 16 de mayo del 2022, se contabilizaron 591 personas desaparecidas; mientras que, para mayo de 2023, fueron 919; y para el 2024, mil 213, lo que evidencia un aumento considerable. Tan sólo del 1 de enero al 16 de mayo de este año se reportaron 90 casos.

Entre lo alarmante, es que, de las personas desaparecidas en el 2022, 272 tenían menos de 18 años; la mayoría eran niñas, que correspondían 180 casos, es decir, 66%. Situación que se repite en 2024, pues del total, 180 son niñas.

A esto, se suma la poca colaboración de las autoridades estatales hacia las solicitudes de los colectivos de búsqueda, y de incluso la federación para realizar un trabajo en conjunto y brindar información.

De acuerdo con Cristina Lozano, en un análisis institucional y de marco jurídico, el estado se encuentra en color naranja, ya que de nueve instituciones y marcos jurídicos con los que debe contar en materia de personas desparecidas, Quintana Roo únicamente cuenta con cuatro.

Se tiene una Comisión Estatal de Búsqueda, Fiscalía Especializada para la Atención de Casos, Comisión de Víctimas y una Ley de Víctimas local.

No se cuenta con: una Ley Estatal en materia de desaparición de personas, ni una Ley en Declaración Especial de Ausencia, un Consejo Ciudadano, un Centro de Identificación y un Panteón Forense; por lo que el Estado ha sido omiso en cumplir con parte de sus obligaciones dentro del Congreso Estatal para conformar estas instituciones y adaptar el marco jurídico.

Las autoridades han desestimado la urgencia de orientar las políticas públicas y el presupuesto hacia la creación de las instituciones, toda vez que, desde su perspectiva, no se cuenta con las cifras que tienen estados como Tamaulipas, Veracruz o Jalisco.

Lo más alarmante es que existe una omisión al no crear un Consejo Ciudadano, el cual se encarga de vigilar la forma en que se realizan los trabajos en materia de desapariciones, por lo que se les niega un derecho a las víctimas; además, al no contar con un centro de identificación, los trabajos no pueden avanzar, ya que, aunque se encuentren cuerpos, estos permanecen como desconocidos en los Semefos.

En lugar de ampliar los programas y políticas, se niega la existencia de las desapariciones forzadas, en donde se ven incluidos otros delitos relacionados, como la violencia feminicida, tortura, la trata de personas y el tráfico de drogas.

La problemática desciende al Sureste

Red Lupa separa las regiones en Centro, Norte, Bajío y Sureste, en donde se hicieron encuentros para intercambiar vivencias, opiniones y perspectivas respecto a la situación alarmante.

Lo que fue de llamar la atención, es que cuando las familias del Norte comenzaron a escuchar el aumento de los casos en Quintana Roo, afirmaron que, “sí, así comenzó en el 2007”, lo que revela que “la problemática está descendiendo a lo largo de la República Mexicana”, pues antes era muy centralizada en el Norte, Tamaulipas, Ciudad Juárez y Veracruz, pero ahora en Quintana Roo, los números encienden las alarmas.

De igual forma, las familias del Norte añadieron: “cualquier cosa en que les podamos ayudar, a partir de nuestra experiencia… lo que necesiten”; afirmando que esto se va haciendo “más y más real” en el país; hablando de algo que hace 10 años no ocurría en el Sureste.

La representante del IMDHD mencionó que “para que este tipo de problemáticas aumenten, es necesaria la participación tanto de agentes estatales, como municipales, además, del crimen organizado, el cual se ha adueñado de los territorios”, situación que el Estado conoce y que ha permitido.

¿Qué pasa en Quintana Roo?

El Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa” se fundó hace 20 años, en el estado de Morelos, con la finalidad de documentar y poner en la agenda oficial el tema de las desapariciones.

De acuerdo con las cifras reconocidas por la propia FGE de Quintana Roo, existen actualmente 863 casos de personas desaparecidas; mientras que, los colectivos de búsqueda sostienen que las cifras reales rebasan los mil 200.

Al respecto, Susana Díaz Pineda informó que no se debe olvidar que el estado es un punto estratégico de las migraciones masivas provenientes de Centro y Sudamérica.

“Quintana Roo se vuelve como un destino turístico, no podemos cerrar los ojos ante la trata de personas para comercio sexual, y ese es uno de los grandes problemas que tienen este tipo de lugares y que las autoridades no han querido asumir de manera responsable este tema, porque incluso, genera dividendos y se privilegia la vida y la seguridad de las personas sobre el ingreso económico”.

De igual forma, hizo hincapié en que tal y como ocurre en otros destinos turísticos, la llegada del crimen organizado y los cárteles terminan por detonar las cifras de delitos, toda vez, que incluso, estos dejan de lado el tráfico de drogas y se enfocan en el de personas, el cual se ha vuelto más lucrativo.

En el estado, los rangos de edad también son un señalador importante, ya que, en el caso de los hombres, estos desaparecen con una edad de 15 a 32 años; mientras que, las mujeres se encuentran en un rango que va de los 12 a los 23; que podría terminar por exhibir la trata, como uno de los principales motivos.

La situación se ha extendido a la Zona Maya, donde comunidades en las que no se registraba ningún delito ahora viven privaciones de libertad forzadas por parte de grupos armados que ingresan a los domicilios para llevarse a los jóvenes.

En cuanto a esto, la experta señaló que la violencia se está generalizando, mientras que el Estado se ha vuelto omiso al no garantizar la seguridad y vida de las personas, ya que éste tiene que asumir que es un agente participativo y tiene la responsabilidad de dar una respuesta, así como “la persona desaparecida tiene derecho a ser buscada, pronto y con vida”.

Actualmente, el estado atraviesa una crisis forense reconocida por las mismas autoridades, que ha ocasionado que por falta de tecnología y personal se tengan más de 800 cuerpos acumulados en las instalaciones de los Servicios Médicos Forenses (Semefo).

Díaz Pineda afirmó que esto sucede en todo el país, donde los cuerpos terminan por convertirse en “rehenes del estado”, al no seguirse los procedimientos ideales para el reconocimiento, ya que cuando una persona buscadora acude al Semefo, en ese momento se le debe tomar una muestra genética, la cual se incorpora a un banco; situación que debe repetirse cuando llegar un cuerpo en calidad de desconocido, para facilitar la ubicación.

Sin embargo, ya no se puede seguir utilizando la excusa de la “crisis”, ya que tampoco existen trabajos preventivos ante lo que sucede.

Las autoridades se encuentran rebasadas, incluso han sido exhibidas por los colectivos de madres buscadoras, que son las que en verdad saben hacer los trabajos, mientras que las comisiones del gobierno se limitan a darles el acompañamiento.

Por lo que es urgente que primero, el Estado se acepte como responsable, con el fin de acabar con la impunidad que existe; hecho que se agrava en las localidades indígenas, mismas que han sido ignoradas por las autoridades, lo que las deja a merced del crimen organizado, agravando la problemática que en caso de no ser atendida terminará por volverse incontrolable.

El papel de las madres buscadoras

En México, como en América Latina, son las mujeres quienes en mayor parte han liderado la búsqueda de sus familiares y seres queridos, pese a los peligros que afrontan; pues han realizado los trabajos en medio de conflictos armados, en lugares con presencia del crimen organizado y en contextos de movilidad humana, enfrentando, incluso, riesgos, ataques y amenazas por su labor y sus identidades, esto, según con lo aportado por parte del vocero de Amnistía Internacional, Alejandro Juárez a Por Esto!

De acuerdo con la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (CIDF) la desaparición forzada consiste en “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertado o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida forzadamente, sustrayéndola a la protección de la ley”.

Sin embargo, de acuerdo con Amnistía Internacional, no sólo la persona desaparecida es víctima de desaparición forzada, lo es “toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia”, hecho que ha sido ignorado por las autoridades quintanarroenses al no darle atención y respuesta a los familiares, seres queridos y comunidades.

Por lo que se reafirman las obligaciones del estado al respecto, pues, está obligado en primer punto, a buscar a las personas desaparecidas forzadamente; y segundo, se debe garantizar la protección ante riesgos, amenazas y ataques a familiares, seres queridos y comunidades que realicen las búsquedas.