La regidora y presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Erika Cornelio Ramos, reconoció que los delitos de violencia familiar son una verdadera problemática en la región; recursos y personal, una de las principales carencias para combatirla.
A día de hoy, la capital del estado sigue entre los primeros tres municipios de Quintana Roo con mayor número de casos de violencia familiar y de género: sólo de enero a octubre, se superaron las 6 mil 500 denuncias.
En este sentido, Cornelio Ramos explicó que durante los acercamientos a las áreas operativas de la policía municipal o del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig), se ha percatado que no cuentan con las instalaciones adecuadas para atender y dar acompañamiento a las personas que viven este tipo de violencia.
Asimismo, aseguró que hace falta no sólo más personal especializado, sino que también abogados, psicólogos, o elementos operativos que realicen los procesos de atención y de prevención. Actualmente, en la capital sólo se cuenta con una unidad de atención especializada para atender los centenares de denuncias que se presentan mes con mes.
"Si es el delito de mayor prevalencia, si es el delito de mayor incidencia, pues requiere mucho mayor presupuesto, mayores herramientas para su atención. Me parece que esto es nuestro talón de Aquiles, aquí en la capital", dijo la regidora.
Además, señaló que el Ayuntamiento en coordinación con la policía municipal ha estado impulsando la proximidad social, es decir, el acercamiento de los oficiales con la ciudadanía para mejorar la prevención de los delitos, así como la respuesta a las denuncias.
Noticia Destacada
Notarios de Ciudad del Carmen se deslindan de red de corrupción denunciada en Quintana Roo
Una de las acciones que ha tomado para incidir de forma positiva en la reducción de casos es por medio de la activación de casetas policiales, las cuales permanecieron en el abandono durante aproximadamente 5 años.
Hasta ahora, tres de estas casetas ya fueron rehabilitadas, sumado a que se dispusieron cámaras de video vigilancia en los parques donde están localizados y se destinaron dos agentes, uno de la policía municipal y otro de la estatal, para resguardar la zona.
En su momento, las autoridades municipales proyectaron la activación de 15 casetas policiales para el fin del 2024, pero hasta ahora no se ha llegado a la meta que se fijaron.
