Chetumal – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que promulgó el Congreso de Quintana Roo el año 2022, es inconstitucional debido a que la población objetivo no fue partícipe de esta y a que no se realizó la consulta pertinente para conocer las necesidades de este grupo poblacional para legislar con base en ellas.
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Fue la XVI Legislatura que estuvo detrás de la promoción de dicha iniciativa, la cual realizó sin incluir e involucrar a las personas con discapacidad. Debido a ello, la SCJN la regresó al Congreso del Estado, ya que no resuelve ninguna de las necesidades que presenta este sector de la ciudadanía. Tal parece que la ley fue votada más por cumplir con una cuota de inclusión que por el hecho de mejorar la vida de las personas con discapacidad.
¿Cuál es el siguiente paso para las personas con discapacidad?
Por lo tanto, le tocará a la XVIII Legislatura trabajar en el mejoramiento de la ley mencionada, para lo que deberán trabajar de la mano de la población objetivo mediante consultas que permitan que esta sea involucrada, toda vez que será para su beneficio y sólo las personas discapacitadas conocen las limitaciones con las que se enfrentan cada día en los distintos ámbitos de la vida y cómo esto influye en su desarrollo personal y profesional.
A causa de la falta de resultados fue que la SCJN se percató de las irregularidades de la iniciativa, pues a dos años de haber sido promulgada la ley no se han registrado resoluciones a las situaciones que enfrentan las personas con discapacidad; por ello, fue declarada inconstitucional al excluir a su población objetivo debido a que, al no realizar acciones que libren las desigualdades, es como si la ley no existiera.
