De acuerdo al presidente de la asociación civil Unificación Integral Quintanarroense (UIQ), Cristian Muñoz Castillo, los taxistas de la capital del estado ejercen cobros excesivos para transportar a personas con discapacidad, o también se niegan a ofrecerles servicios, acciones que señaló como abusivas por parte de los choferes.
El traslado de las personas con discapacidad es una de las problemáticas que más han denunciado grupos defensores de derechos humanos y organización civiles, pues Chetumal y comunidades del municipio carecen de un sistema de movilidad inclusivo eficiente.
Sumado a lo anterior, el representante de la asociación UIQ señaló que los taxistas están aplicando tarifas discriminatorias contra dicho sector de la población, pues les cobran por transportar también sus sillas de ruedas o algún otro equipo que usen para su movilización.
"Nos ha tocado de personas con discapacidad que les cobran de más por tener una silla de ruedas. Les están cobrando de 20 a 30 pesos de más, sólo por bajarse y subir la silla", declaró Muñoz Castillo.
Aunque destacó que no sólo es que ejerzan estos cobros abusivos, sino que cuando brindan el servicio lo hacen de una mala manera, tornándose en algo casi irrespetuoso: "No quieren realizar su trabajo, parece que les cuesta mucho".
Además, agregó que hay ocasiones en las cuales algunos ruleteros no quieren brindarles servicio, algo que lamentó y por ello cuestionó que el Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa) siga permitiendo estás acciones por parte de sus miembros.
En ocasiones anteriores, el representante de Unificación Integral ha señalado que esta problemática no sólo ha persistido en la capital del estado, pero también es algo que adolecen las personas con discapacidad de las zonas rurales.
Pues las combis no están habilitadas para poder facilitar su traslado y el de sus aparatos de movilidad, por ello, en muchas ocasiones tienen que pagar doble pasaje para acomodar su silla de ruedas o coordinarse con familiares o conocidos para que los lleven a la capital o a algún otro sitio, en un vehículo personal.
Una situación que vulnera los derechos básicos de este sector de la población y que impide el libre desarrollo a su autonomía e independencia, según explicó Muñoz Castillo.