La Suprema Corte de Justicia de la Nación reveló la negligencia de las autoridades municipales de Tulum en la actualización del Atlas de Riesgos Naturales. Este descuido ha afectado significativamente derechos fundamentales relacionados con la salud, la vivienda adecuada, el acceso al agua, el patrimonio cultural, la participación ciudadana y el acceso a la información ambiental.
La Primera Sala de la Corte atendió una demanda legal presentada por dos ciudadanos que denunciaron la falta de actualización del documento conforme a los estándares nacionales e internacionales. El Atlas, desarrollado con la colaboración de la Universidad de Quintana Roo fue aprobado en la sesión ordinaria del Ayuntamiento del 11 de enero de 2016 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 20 de julio de ese mismo año. La falta de actualización ha tenido un impacto negativo en derechos relacionados con un entorno saludable, así como en la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.
La sentencia del máximo tribunal modificó la decisión del amparo 27938063, que había dejado el caso en el mismo estado en que se encontraba tras la resolución del Juzgado Octavo de Distrito y una declaración de incompetencia del Primer Tribunal Colegiado de Quintana Roo en el caso 30651258. El recurso, presentado por Alejandro Álvarez y otro demandante no identificado en abril de 2021, fue enviado al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región antes de ser llevado a la Corte el 16 de junio de 2023.
El dictamen del caso 679/2023, elaborado por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat y resuelto el 24 de enero pasado, determinó que no se consideraron adecuadamente los cambios significativos en el entorno de la población, exponiéndola a riesgos que podrían afectar su bienestar y calidad de vida.
La falta de interés en actualizar el Atlas impidió una adecuada prevención y mitigación de riesgos, ya que las autoridades estaban obligadas a realizar estas actualizaciones para corregir irregularidades. Esto provocó un detrimento en el ejercicio efectivo de los derechos humanos de los demandantes. Aunque no hay un plazo fijo para las actualizaciones, fenómenos geológicos e hidrometeorológicos deben ser revisados en un máximo de dos años. Para otros fenómenos, las medidas de prevención y mitigación deben tomarse en un plazo razonable tras cambios significativos.
El Atlas actual solo considera fenómenos geológicos e hidrometeorológicos, excluyendo riesgos químicos tecnológicos (como incendios y explosiones), sanitarios ecológicos (como epidemias y contaminación), y socio-organizativos (como concentración de población). Esta omisión afecta el análisis de riesgos y la implementación de medidas de mitigación, vulnerando derechos relacionados con el medio ambiente, agua y salud.
El desinterés en la actualización ha sido atribuido a la migración masiva, el flujo de capitales, el desarrollo inmobiliario, la pandemia del Covid-19 y la construcción del Tren Maya. Además, los mapas base urbanos, geomorfológicos, edafológicos e hidrológicos de Tulum, que datan de 1988, también han cambiado.
La falta de actualización vulnera el derecho a un medio ambiente saludable y dificulta la identificación de riesgos, condiciones de vulnerabilidad y medidas de prevención. Además, el documento no considera áreas rurales ni conurbadas, resultando en una evaluación incompleta de riesgos y vulnerabilidad social. También se omite el sistema hidrológico, afectando la evaluación de riesgos por inundaciones y otros desastres, y no se identifica adecuadamente la infraestructura ni los bienes expuestos, lo que pone en riesgo la vivienda, la salud y el patrimonio cultural.
El Atlas carece de propuestas para estudios, obras y acciones para mitigar los riesgos detectados, limitando su utilidad y afectando derechos fundamentales. La falta de actualización ha sido calificada de significativa, ya que uno de los propósitos del Atlas es apoyar la toma de decisiones para garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad. Además, se criticó la ausencia de un comité de contraloría social para supervisar y vigilar la elaboración del instrumento, vulnerando el derecho a la información accesible y oportuna y a la participación ciudadana.
GC