El destino se ha convertido en el epicentro de uno de los problemas más graves que aquejan a Quintana Roo: el fraude inmobiliario. La falta de certeza legal en la compra de propiedades ha dejado a cientos de inversionistas atrapados en una red de irregularidades que parecen no tener fin.
Carlos Alberto Montegil, vicepresidente de la Asociación Mexicana de la Industria Inmobiliaria (AMII) y team leader de INMO Investment en Tulum, advierte sobre la gravedad de la situación. "En 2023, me encontré con muchos apartamentos que no se podían vender porque no tenían certeza legal. Faltaban documentos esenciales, no estaban registrados o carecían del título de propiedad definitivo", señala.
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El problema radica en el crecimiento descontrolado del municipio. La fiebre del desarrollo inmobiliario ha provocado que la municipalidad otorgue permisos sin la capacidad real de fiscalizar su cumplimiento. "Se entregaron demasiados permisos para lo que podía manejar la infraestructura. Esto ha generado una descompensación en los servicios básicos, mientras los desarrolladores continúan construyendo sin freno", explica Montegil.
La ausencia de regulación efectiva ha permitido que empresas sin escrúpulos vendan terrenos y departamentos sin los documentos necesarios, dejando a los compradores en una situación de vulnerabilidad total.
Para evitar ser víctima de estas estafas, Montegil recomienda verificar la certeza legal de cualquier propiedad antes de adquirirla. "Lo ideal es contratar a un abogado especializado que realice la investigación de la propiedad, así como contar con un asesor inmobiliario matriculado en Sedetus", enfatiza.
El modus operandi de estos fraudes suele ser el mismo: desarrollos que se comercializan sin contar con escrituras, terrenos vendidos varias veces a distintos compradores o propiedades con irregularidades en su registro. "Algunos contratos de compra-venta están diseñados de manera desleal, favoreciendo solo a los desarrolladores", denuncia Montegil.
A pesar de las reiteradas denuncias, las autoridades no han logrado frenar esta ola de engaños que mancha la reputación de Tulum. La impunidad con la que operan algunos empresarios refleja la debilidad del sistema de regulación municipal y la falta de acción efectiva por parte de las autoridades estatales.
Mientras el mercado inmobiliario de Tulum continúa atrayendo inversionistas nacionales e internacionales, los fraudes persisten como una amenaza latente. La falta de certeza jurídica, la sobreoferta de desarrollos irregulares y la incapacidad del gobierno para hacer cumplir la ley han convertido este paraíso en una trampa para compradores desprevenidos.