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El despido masivo que lleva a cabo el Ejecutivo estatal provocó ayer un enfrentamiento verbal entre los diputados, pues mientras el PRI calificó la medida de “ilegal e inhuman”, el PAN la justificó diciendo que las dependencias estaban llenas de aviadores y de gente que fue basificada de último minuto.
Al subir a la tribuna, el diputado Luis Borjas Romero (PRI) denunció que la nueva administración que encabeza Mauricio Vila Dosal está llevando a cabo un despido masivo de trabajadores, en muchos casos de forma injustificada y sólo por haber trabajado en un gobierno de un partido distinto al PAN.
Señaló que “abusando de su poder” se está despidiendo gente “por necesitar el puesto para otra persona” y calificó estas prácticas de “Ilegales e inhumanas” que están dejando a “miles de familias” sin sustento.
Además, dijo que lo anterior “ha propiciado un ambiente de terror e inseguridad en los miles de hogares compuestos por niños, que ven llorar a sus padres de impotencia al verse separados de sus empleos de los que depende su estabilidad”.
Reiteró que el gobierno actual propicia un ambiente de incertidumbre social que no se puede permitir pues dijo que se atenta contra los derechos fundamentales de los trabajadores. En este tenor solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán pues aseguró que se está despidiendo gente de forma indiscriminada.
“A toda aquella persona, cuyo puesto sea requerido para sus necesidades políticas, a través de la violencia política, el acoso laboral, el hostigamiento, las amenazas de terminar en la cárcel, humillaciones, vejaciones y hasta burlas, a personas cuyo único delito es haber pertenecido a una administración previa”, expresó.
El diputado presentó en este tenor una iniciativa para crear la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública estatal, mediante la cual se generaría un sistema de inclusión para los jefes de departamento y coordinadores, los que serían considerados como personal permanente, independientemente de los cambios sexenales.
“Derecho de pataleo” y aviadores
Por su parte, la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN) calificó la actitud del diputado del PRI como el “derecho de pataleo” y consideró que es “normal” que se despida a personal de confianza por el cambio de administración.
Consideró que los afectados tienen el derecho de acudir a las instancias correspondientes. Según ella, las dependencias están plagadas de aviadores y de gente que fue basificada de último momento y que nunca se había presentado a trabajar.
“Habría que preguntar dependencia por dependencia, funcionario por funcionario, qué fue lo que recibió el nuevo gobernador Mauricio Vila Dosal. A partir del 2 de julio, los altos funcionarios del gobierno estatal anterior empezaron a basificar a cientos de empleados. Lo increíble es que les dieron plazas a sus hijos, a sus primos, a sus sobrinos. No beneficiaron a la clase trabajadora, beneficiaron a la parentela, a los amigos”, señaló.
“No beneficiaron a quien diario iba a trabajar a su dependencia. Quisieron beneficiar a sus amigos y a los que son de su partido. Por ello vamos a pedirle al gobierno del Estado informe cuántos aviadores había en cada área, cuantos amigos o parientes de ex funcionarios estaban en nómina y cuánto ganaban”, señaló.
Como único ejemplo concreto dijo que en la Secretaría de Educación estaba incrustada una cuñada de la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y que tenía un sueldo de 70 mil pesos y que nunca acudía a trabajar.
Además dijo que la iniciativa sobre el servicio civil de carrera que presentó el diputado del PRI ya se había hecho a nivel federal, pero fueron los diputados del mismo PRI los que la frenaron.
“Atásquense, atragántense”
A su vez, el diputado del PRD, Alejandro Cuevas Mena, dijo que independientemente de si la iniciativa la presentó un partido u otro, se necesita un ordenamiento que dé certidumbre a los trabajadores.
“Mientras tanto, ahora atásquense, atragántense, pero vamos a hacer un ordenamiento para que esto no vuelva a pasar, pero advierto que no se vayan a atragantar”, señaló.
Dijo que las leyes no están a la medida de uno u otro gobierno, por lo que se trata de tener reglas claras, de brindar certeza al trabajador, porque las demandas laborales incluso perjudican las finanzas públicas, por lo que también se sumó a la iniciativa de ley.
“No seamos mojigatos”
La diputada Milagros Romero Bastarrachea (MC) se alineó al PAN al señalar que mucho del personal que se ha despedido sí tenía experiencia pero muy mala.
Aunque también habló de “aviadores”, luego dijo que se necesita ser objetivos y defender los casos que sean injustos, pero llamó a no ser incongruentes.
Sí hay injusticias
La diputada Janice Escobedo Salazar (PRI) aseguró que sí hay injusticias en los despidos y que no sólo se está sacando a gente nueva, como los que, según el PAN, fueron basificados de último momento, sino gente que tenía 18, 20 y hasta 25 años de antigüedad.
“No tiene que ser un tema político, sino que debemos ser congruentes. Porque como representantes populares la gente nos dio su confianza y nos necesita, nos piden que los apoyemos y sus derechos laborales se deben respetar”.
“Están despidiendo a gente no sólo con 18 años de antigüedad, sino con 20, 25 años, y sin recibir alguna explicación y tampoco sabemos si están siendo liquidados conforme a la ley”, expuso.
(Hasta donde se sabe no se está indemnizando a los trabajadores despedidos)
La sesión
Por otra parte, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad el punto de acuerdo para que el Congreso de Yucatán otorgue un reconocimiento al nadador Carlos Franco Cantón por poner en alto el nombre de Yucatán, al cruzar a nado libre el canal de la Mancha.
Además, los diputados estatales avalaron por unanimidad el punto de acuerdo para que con pleno respeto a la autonomía municipal, el Congreso del Estado exhorte a los municipios de Yucatán a reforzar las estrategias de seguridad a través de la capacitación y evaluación continua de sus elementos policiales, así como de vigilancia y coordinación permanente de la Secretaría de Seguridad Pública, dentro del ámbito de su competencia, a fin de mantener a la entidad con los estándares de seguridad con que se cuente actualmente.
La diputada Milagros Romero (MC) presentó una iniciativa para reformar y adicionar el artículo 48 bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, para que a los trabajadores despedidos de los ayuntamientos, que se encuentren en un proceso jurídico, se le pague los salarios vencidos hasta en un periodo máximo de 12 meses y, si no ha concluido el procedimiento, se les pague los intereses que se generen, entre otros puntos.
De la misma forma, Paulina Viana Gómez (PAN) entregó una iniciativa, a nombre de su fracción, para reformar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado y al Reglamento de la misma norma, para adicionar una atribución a la Comisión de Derechos Humanos de esta soberanía la realización de un análisis del informe del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey).
Además, facultar al mencionado órgano legislativo para que cuando una autoridad acepte una recomendación por parte de la Codhey y ésta no se cumpla, se pueda solicitar la comparecencia de los servidores públicos correspondientes, a fin de explicar los motivos de su negativa o incumplimiento.
(David Rico)