Presupuesto mínimo al Poder Judicial debe ser de $790 millones

Subraya el Dr. Marcos Celis Quintal, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y advierte que no debe proceder un recorte, porque si ocurriera, se pondrían en riesgo servicios que se brindan a la sociedad y también la estabilidad laboral

Ante una eventual reducción presupuestal al Poder Judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Dr. Marcos Celis Quintal, observó que constitucionalmente no debe proceder, pero si hubiera un recorte, se pondrían en riesgo los servicios que se brindan a la sociedad y también la estabilidad de la planta laboral, ya que no se podrían abrir nuevos juzgados para disminuir la carga de trabajo, se estaría imposibilitado para aumentar salarios a la base trabajadora y se cancelarían proyectos de urgente necesidad.

La Constitución Política del Estado –subrayó–, establece en su Artículo 64 dos garantías para la autonomía financiera del Poder Judicial:

1.- La irreductibilidad del presupuesto respecto del año anterior.

2.- Un porcentaje mínimo del 2% respecto del presupuesto programable del Estado.

Precisó que el Artículo 64 asienta: “El Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado no podrá ser inferior al dos por ciento total del gasto programable, el cual no será disminuido respecto al del año anterior y se fijará anualmente, en la forma y términos que establezca la ley”.

Diputados deben escucharnos

Aseveró que, para que se considere que no se ha disminuido el presupuesto, tendría que añadirse al presupuesto del año anterior el equivalente a la inflación, ya que de otra manera los recursos asignados estarían perdiendo su poder adquisitivo y sería una disminución en términos reales.

Puntualizó que, si hubiera una disminución presupuestal, no se podrá dar un aumento mínimo a los trabajadores y tampoco se abrirá ningún juzgado para disminuir la carga de trabajo de los actuales, que están saturados.

—Somos la única institución de seguridad pública que no tiene aumento. Necesitamos que nos escuchen los diputados sin importar filiación o ideología.

Es importante informar –aseveró– que, por mandato de nuestra Constitución, el Estado debe asignar al menos el 2% del presupuesto estatal. Esto se traduce en que para el 2019 el presupuesto mínimo para el Poder Judicial debería ser de 790 millones de pesos.

Celis Quintal remarcó que el presupuesto del Estado es de los Tres Poderes y entidades. La asignación del gasto no puede girar únicamente en torno a la agenda presupuestal del Ejecutivo estatal. La función constitucional que realiza el Poder Judicial es igual de importante que las demás tareas a cargo de los Poderes del Estado, y por lo tanto, esa es la importancia que se le debe dar al asignarle los recursos públicos.

Entre la espada y la pared

El también presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial apuntó:

“Como institución del Estado, vital para la paz, la justicia y el Estado de Derecho, el Poder Judicial del Estado de Yucatán manifiesta la urgente necesidad de contar con un presupuesto acorde a las exigencias de la sociedad y del crecimiento de sus responsabilidades y número de asuntos que llegan a sus juzgados, todos de importancia, al tratarse de resoluciones que impactan en la vida diaria de los ciudadanos, a quienes nos debemos.

“Una situación diferente o aún peor, en la que el presupuesto sea menor, al no considerarse la inflación prevista para este año, pondría en riesgo los servicios que brindamos y la estabilidad de nuestros trabajadores, pero aún más nos obligaría a cancelar proyectos de urgente necesidad como son la apertura de nuevos juzgados, ante la saturación de carga de trabajo de los que actualmente tenemos. Esto nos pondría entre la espada y la pared para poder responder a los ciudadanos y cumplir nuestros deberes constitucionales.

“De hecho, en ese escenario, el Poder Judicial es la única institución de seguridad pública del Estado que no tiene aumento, pero sí crecientes exigencias que no dependen de buenas intenciones, sino de recursos materiales, humanos y tecnológicos que funcionan a su máxima capacidad y que corren el riesgo de un colapso.

“Por eso es necesario que los diputados, sin importar filiación o ideología, abran sus oídos a las necesidades que la sociedad nos demanda y que se ponen en riesgo.

Compromiso con la sociedad

“Como un Poder del Estado, cuyo funcionamiento y servicios al igual que los de otros Poderes y entidades, dependen de la asignación del gasto del Estado, y tienen un compromiso con la sociedad, no se puede girar únicamente en torno a la agenda presupuestal de un solo poder, en este caso del Ejecutivo.

“La función constitucional que realiza el Poder Judicial es igual de importante que las demás tareas a cargo de los demás Poderes que conforman un Estado democrático y constitucionalmente establecido, por lo tanto, esa es la importancia que se le debe dar al Poder Judicial al asignarle recursos públicos.

“Como institución del Estado mexicano y de Yucatán, tenemos una enorme responsabilidad sobre nuestros hombros que hemos sabido llevar con resiliencia y valor aún frente a la austeridad que ha caracterizado los últimos tiempos y la exigencia creciente de mayor rapidez y calidad que día a día nos reclaman los ciudadanos.

“Estamos de acuerdo con que nos exijan, pero esa exigencia debe venir acompañada de las herramientas mínimas para hacer nuestro trabajo. Que nos exijan, pero que nos apoyen con recursos”.

(Rafael Mis Cobá)