Presupuesto proyectado para el Poder Judicial, contra la Ley

Melba Méndez Fernández, consejera de la Judicatura, expuso que el presupuesto que se proyecta para el Poder Judicial, solicitado por el Gobierno del Estado al Congreso, va en contra de la Ley, pues debería de ser por lo menos lo que recibió este año más la inflación, lo que daría alrededor de 620 millones de pesos y no los 540 que se proponen.

Además, dijo que de aprobarse este presupuesto tal como lo pide el Gobierno del Estado, el Poder Judicial enfrentaría graves problemas, sobre todo para cumplir con el pago de impuestos y para cumplir con todas las nuevas obligaciones que tiene.

El tema del presupuesto para el Poder Judicial tiene que ver con una diferencia de visiones con el Gobierno del Estado. Y es que la consejera y presidenta de la Comisión de Administración de la Judicatura, expuso que según la Ley el presupuesto que se recibió este año es irreductible.

El Poder Judicial recibió 540 millones este año como parte del Presupuesto de Egresos de este 2018, pero más tarde recibió una ampliación de 50 millones, lo que da un total de 590 millones que ejerce actualmente.

El Gobierno encabezado por Mauricio Vila Dosal solicitó en el documento que se discute en el Congreso del Estado sólo 525 millones 121 mil 77 pesos para el Poder Judicial, para el 2019. Sin embargo, más tarde se recibió un oficio donde se corrigió esta anomalía y la cifra que se maneja es de 540 millones.

Ignoran la ampliación

No obstante, al ser el presupuesto irreductible, el Poder Judicial sostiene que se debería de tomar en cuenta el ejercicio de este año ya con la ampliación, es decir, que se tomen como base los 590 millones que ejercen más la inflación, que daría unos 620 millones. Pero el Gobierno del Estado está tomando como base los 540 millones sin la ampliación que recibieron.

Ayer los consejeros de la Judicatura se apersonaron en la sesión de la Comisión de Presupuesto donde se discutiría el tema, pero al final la discusión de la Ley de Egresos se aplazó para el día de hoy.

Melba Méndez, sin embargo, se acercó a los diputados y les solicitó que no se castigue al Poder Judicial y que se les entregue por lo menos los 590 millones que ejercen este año más la inflación.

Al respecto, la consejera de la Judicatura dijo que los funcionarios del Poder Judicial acudieron al Congreso para “hacer entender al Legislativo y, por su conducto al Ejecutivo, que por Ley el presupuesto del Poder Judicial debe ser el equivalente al 2 por ciento del gasto programable y que no debe ser reducido de eso”.

Sin embargo, dijo que en todos estos años el presupuesto no ha llegado al 2 por ciento de gasto programable, que equivale a 793 millones de pesos.

El mínimo irreductible

“En un tema de apertura y colaboración; por austeridad hemos solicitado que por lo menos nos den el irreductible más la inflación. El irreductible equivale a lo que se nos dio este 2018 que son 590 millones de pesos”.

“Pero el Gobierno del Estado propuso 540 millones de pesos, pero este año hubo una ampliación de 50 millones que ellos no están tomando en cuenta y que sirvió para pagar impuesto sobre nómina, impuesto del ISSTEY, que sirvió para la operatividad”.

“El mínimo sería de 590 millones de pesos más la inflación, es decir, 623 millones, pero al menos que respeten el mínimo irreductible del 2018. Si el criterio es un criterio más contable que jurídico, pues estamos ante una situación inédita porque nos van a reducir lo que hemos recibido este 2018 que son 590 millones en números cerrados”, comentó.

Dijo que el Poder Judicial nunca ha llegado a los 793 millones que marca la norma y dijo que no pretenden esta cifra, porque la situación económica es difícil y están conscientes de ello, pero piden que se respete el irreductible más la inflación.

Expuso que se da mucho dinero a la SSP bajo el rubro de prevención, pero cuando los conflictos ya escalaron interviene la procuración y la impartición de justicia, y ahí entra el trabajo de 53 jueces, más de 50 juzgados y 17 centros de justicia.

En este tenor, dijo que el Poder Judicial también hace una labor de contener los conflictos sociales.

“A lo mejor nadie lo ve, porque es un trabajo de todos los días de forma silenciosa, pero hay más de 20 mil asuntos que se resuelven en el año en el Poder Judicial”.

Controversia constitucional

Al respecto de si el Poder Judicial podría promover una controversia constitucional si no se les entrega el presupuesto que por Ley les corresponde, expuso:

“No queremos llegar a ninguna confrontación, pero la Constitución les daría elementos para cualquier tipo de controversia constitucional, pero se trata de mantener la paz”, comentó.

Dijo que, si se les castigara con un presupuesto menor, afectaría severamente al Poder Judicial.

“No pagaríamos los impuestos sobre nómina, las prestaciones al ISSTEY. La Ley de Coordinación Fiscal le daba hace 3 años un estímulo al Poder Judicial que llegó a ser hasta del 60 por ciento de pago sobre el Impuesto Sobre la Renta, luego bajó al 30, luego al 15 y después la Ley cambió y ese estímulo por pronto pago se lo empezaron a dar al Ejecutivo y jamás nos lo volvieron a dar”.

“¿Qué va a pasar? Lo primero es dejar de pagar impuesto, que no se debe hacer, pero cómo hacerle si no tenemos. Si damos servicio a los justiciables, si no tenemos los suficientes, cómo le haremos”, se preguntó.

Dijo además que para el Poder Judicial han crecido las responsabilidades del Poder Judicial, en materia de transparencia, anticorrupción, el sistema de oralidad, el sistema de ejecución de sentencias, el sistema de oralidad mercantil, de todo lo que hay que cambiar.

Consideró que, en este sentido, los diputados y el Ejecutivo deben tomar en cuenta que el de Yucatán es de los mejores poderes judiciales del país y que hoy día la media mundial del número de jueves por cada 100 mil habitantes es de 16 y en México la media es de 3.9, pero Yucatán está por debajo de la media nacional con 2.97 jueces por cada 100 mil.

(David Rico)