Dra. en Arq. Yolanda Fernández Martínez
Pensando con la Ciudad
La movilidad de Mérida, entrampada entre disposiciones administrativas caducas
Si todas las autorizaciones de desarrollos inmobiliarios de gran escala cumplen con un estudio de impacto vial, ¿cuál es la razón por la cual la movilidad resalta como uno de los temas prioritarios para atender en Mérida? Las respuestas pueden ser muchas. Pero lo fundamental debería radicar en precisar sobre el porqué se piden tales estudios y qué es lo que se pretende resolver con ellos. Para ello habría que diseñar una metodología para determinar los alcances y objetivos de tales estudios y que además estén vínculos a los instrumentos de planeación institucional, tanto municipal como estatal. Y aquí entramos en un aspecto relevante que ha sido cuestionado a lo largo de los años: ¿Quién tiene que resolver los impactos urbanos y viales que el desarrollo inmobiliario generará: el inversionista o la autoridad? Y ¿cuál es la capacidad técnica y financiera que la autoridad tiene para evaluar y autorizar dichos estudios, así como para financiar las recomendaciones emanadas de los mismos?
Conforme a los resultados del proceso de consulta Decide Mérida para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, los temas más recurrentes fueron movilidad y sustentabilidad, asimismo con la reciente creación del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado de Yucatán se sugiere que la gran encomienda que tendrá que resolver la ciudad y su zona metropolitana, será la cuestión de la movilidad urbana segura y sustentable.
Unas herramientas que se han usado para determinar los impactos que determinados usos de gran escala podrían tener en su entorno inmediato, han sido los estudios de impacto urbano y los de impacto vial. Si bien en su origen hace poco más de una década, la intención era tener elementos que sustentaran una serie de recomendaciones por parte de la autoridad para que los desarrolladores de centros comerciales y vivienda incorporaran en sus diseños y además se tuvieran en cuenta a lo largo de la construcción y puesta en operación de éstos, para adecuar dentro de lo posible y de los presupuestos, las vialidades.
Sin embargo, tanto los estudios de impacto urbano como los de vialidad tienen tres grandes debilidades. Antes que nada, sus objetivos son los de analizar los impactos de un desarrollo en lo individual, sin tener claridad sobre los impactos que la sumatoria de tales desarrollos generan en su totalidad. Es decir, los efectos que genera cada desarrollo inmobiliario con su autorización deberían contemplar los de los demás y así en lo subsecuente. Finalmente, la ciudad está en constante cambio y evolución, y resulta fantasioso pensar que podemos seguir dependiendo de estos estudios para poder tomar decisiones asertivas sobre impactos individuales sin evaluar sus impactos globales.
La segunda debilidad radica en que los estudios de impacto urbano y vial no son vinculatorios entre sí y no tienen ninguna trascendencia con respecto a la toma de decisiones sobre la planeación urbana y de las infraestructuras para la movilidad de Mérida. Es decir, ¿hasta qué punto tales estudios han sido determinantes para incidir en la planeación de los usos del suelo y sobre todo para redefinir la estructura urbana para la movilidad eficiente? Estos estudios resultan ser un requisito administrativo, que, como se mencionó al inicio de la reflexión, para hace poco más de una década, pudieron ser de utilidad. Pero hoy el crecimiento y expansión de Mérida, requiere de otros instrumentos y sobre todo de equipos especializados para dar el visto bueno a tales estudios.
La tercera debilidad se refiere a la efectividad de los estudios de impacto vial, los cuales se centran en aforos vehiculares y clasificaciones de vialidades. Sin embargo y precisamente por los problemas que hoy en día se han exacerbado, el tema central ya no es el impacto vial, sino la movilidad urbana segura y sustentable. Así como también, establecer la prioridad que la movilidad debería tener sobre los impactos urbanos que generan tales usos del suelo de gran escala. Por lo tanto, los estudios de impacto vial deberían evolucionar a estudios de movilidad urbana y éstos, a su vez, ser los rectores para evaluar los impactos urbanos.
Finalmente, si todas las autorizaciones de desarrollos inmobiliarios de gran escala cumplen con un estudio de impacto vial, ¿cuál es la razón por la cual la movilidad resalta como uno de los temas prioritarios para atender en Mérida? Las respuestas pueden ser muchas. Pero lo fundamental debería radicar en precisar sobre el porqué se piden tales estudios y qué es lo que se pretende resolver con ellos. Para ello habría que diseñar una metodología para determinar los alcances y objetivos de tales estudios y que además estuvieran vinculados con los instrumentos de planeación institucional, tanto municipal como estatal. Y aquí entramos en un aspecto relevante que ha sido cuestionado a lo largo de los años: ¿Quién tiene que resolver los impactos urbanos y viales que el desarrollo inmobiliario generará: el inversionista o la autoridad? Y ¿cuál es la capacidad técnica y financiera que la autoridad tiene para evaluar y autorizar dichos estudios, así como para financiar las recomendaciones emanadas de los mismos?