La iniciativa enviada por el Ejecutivo para modificar la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado propuesta por el Ejecutivo, que plantea que las pensiones y jubilaciones sean calculadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA), será desechada, pues es improcedente y no tiene ningún sentido siquiera entrar en su discusión, acordaron ayer los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.
Sin embargo, por procedimiento la iniciativa en cuestión, que fue distribuida entre los diputados, no se pudo desechar, pues primero hubo que solicitar el dictamen respectivo. En este sentido, la presidenta de la comisión, Karla Franco Blanco (PRI), solicitó a la Secretaría General que elabore el proyecto de dictamen para desechar la iniciativa del Ejecutivo que propone calcular el pago de jubilaciones y pensiones del Isstey en Unidades de Medida y Actualización (UMAs) y no en salarios mínimos.
Tres razones
Los diputados de la comisión llegaron al consenso de que se debería desechar la iniciativa en cuestión, toda vez que no era necesario siquiera discutirla debido a tres razones: la primera de ellas es que el propio Congreso emitió el mes pasado un punto de acuerdo en el que exhortó a la Federación en el sentido de que el cálculo de pensiones y jubilaciones no se hiciera en UMA, sino en salarios mínimos.
Además, porque ya hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que el cálculo de esta prestación debe ser en salarios mínimos. Como tercer punto se dijo que el mismo Ejecutivo del Estado ha planteado que retiraría la iniciativa en cuestión al ser improcedente, aunque hasta ayer no lo había hecho y los diputados finalmente decidieron hacer lo propio.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Felipe Cervera Hernández (PRI), propuso desechar la iniciativa porque dijo que no le veía el caso ni era necesario siquiera entrar a la discusión.
Esta posición fue respaldada por el diputado Enrique Castillo Ruz (PRI), Luis Borjas Romero (PRI) e incluso por Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), quien dijo que el propio Ejecutivo ha planteado la necesidad de retirar la iniciativa y más adelante presentar otra para una reestructuración amplia del Isstey.
Castillo Ruz señaló, sin embargo, que por procedimiento la iniciativa no podía ser desechada en el momento, pues el punto de orden del día marcaba sólo un análisis y discusión del documento, por lo que se procedió a solicitar el dictamen con el desechamiento de la iniciativa y que se pondrá a consideración de los diputados en la próxima sesión de la comisión.
Otros temas
En la sesión también se acordó que se esperará que se aprueben en el Congreso de la Unión las reformas a Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal, en materia de inhabilitación temporal o permanente a servidores públicos y a particulares por actos irregulares en el manejo de las finanzas públicas, para dictaminar la iniciativa de Movimiento Ciudadano, que propone reformar la Constitución Política estatal.
Este partido propone en su iniciativa que todo aquel funcionario que haya sido inhabilitado en algún cargo no pueda participar en ningún otro cargo en el que sea votado.
Pero en el análisis se hizo la propuesta técnica de prorrogar el dictamen en virtud de que el tema actualmente está en la Cámara de Diputados, por lo que se decidió esperar a que se dictamine a nivel federal.
En respuesta, Rosa Díaz Lizama (PAN) manifestó que su fracción “no está dispuesta a dictaminar ni ser presionada”, por lo que estaría a favor de la propuesta técnica.
En su turno, Felipe Cervera añadió que de dictaminarse sería un producto legislativo imperfecto e inviable, porque estaría sujeto a la presentación de amparos de carácter federal.
Los integrantes de la comisión también continuaron con el análisis de las modificaciones a la Constitución Política de Yucatán, en materia de autonomía de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, al igual que les fueron distribuidas dos iniciativas para modificar la Carta Magna local, una para establecer la obligatoriedad de la enseñanza de la lengua maya en el nivel básico educativo y la otra, en materia de lenguaje de señas.
(David Rico)