Una vez desechada la iniciativa de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado, que plantea que las pensiones y jubilaciones sean calculadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA), corresponde al Ejecutivo enviar una nueva que se adecue a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sean tasadas conforme a salarios mínimos.
Sin embargo, en este asunto el Ejecutivo no está obligado a reponerla y sólo depende de la voluntad del Gobernador Mauricio Vila Dosal, por lo que tampoco hay plazos fatales. Cabe anotar que en la actualidad, las pensiones que paga el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado se encuentran en salarios mínimos.
Lo que sí debe realizar el Ejecutivo es resolver el tema de la viabilidad financiera del Isstey, pues, por ejemplo, la calificadora Moody’s señaló que las finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán están en riesgo ante la situación actual del Isstey.
Si no se toman medidas drásticas, previene la calificadora internacional, “pudiera generar presiones negativas para las finanzas del Estado en el largo plazo”. Es decir, el gobierno del Estado tendría que pagar más intereses por créditos futuros, destinar recursos presupuestales al Isstey u otras consecuencias adversas para los recursos públicos.
Confirma diagnóstico
La calificadora Moody’s confirma uno de los primeros diagnósticos que realizó la actual administración estatal: el Isstey se encuentra sin viabilidad financiera, está prácticamente en quiebra. En este esquema heredado de gobiernos anteriores, como se ha informado de manera oportuna, la quiebra total se registrará en el 2021, poniendo en riesgo las prestaciones de trabajadores, jubilados y pensionados. Esta administración estatal está obligada a tomar medidas contundentes para evitar ese colapso.
En el análisis de Moody’s, el orden administrativo que ha caracterizado a este gobierno no es suficiente: se requieren más acciones en el foco rojo de las pensiones. Como ya se ha declarado, la actual administración estatal continúa evaluando otras alternativas para hacer frente a la inminente quiebra. Todos los esfuerzos son necesarios para defender las prestaciones de trabajadores, jubilados y pensionados del Estado.
De acuerdo con fuentes oficiales, el Gobierno del Estado analiza todas las opciones posibles, con profesionalismo y responsabilidad. Entre las opciones está modernizar las normas relativas al Instituto, así como homologarlas a las de otras entidades que se han enfrentado con éxito a escenarios similares. Hay que señalar que los problemas que atraviesa Yucatán en este aspecto igual afectan a otras Entidades e incluso a la Federación, desde hace ya varios años.
Paliativos, no soluciones
Administraciones pasadas optaron por medidas paliativas, de carácter urgente, que no resolvieron el problema de fondo. Durante la administración 2007-2012 de Ivonne Ortega Pacheco, el adeudo histórico al Instituto fue de 2,081 millones de pesos. Para liquidar esa deuda, el gobierno de Rolando Zapata Bello creó el Fideicomiso de la Reserva de Ucú en diciembre del 2014.
Sin embargo, dicha administración, de acuerdo al último informe financiero del Instituto, dejó un adeudo de más de $173 millones al Isstey por concepto de cuotas vencidas, más intereses moratorios.
En ese sentido, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín demandó al Gobierno del Estado una explicación de cómo garantizará los derechos de los trabajadores y no a señalar culpas sobre la “inminente quiebra” del Isstey.
Entrevistado al respecto, el legislador yucateco dijo que no descarta que se hayan cometido errores, infracciones o delitos, sin embargo, emplazó al Ejecutivo a demostrar la mala situación financiera del organismo y seguir el proceso correspondiente para, en su caso, fincar responsabilidades.
“Se deben alejar de las explicaciones o declaraciones fáciles e ir directo a las soluciones, por difíciles que sean. Insisto, lo que el Gobierno tendría que hacer es salir de sólo culpar a los de atrás, sino buscar garantizar los derechos de los trabajadores”, dijo.
Protesta
La situación del Isstey fue aprovechada para sacar raja política de parte de sujetos como Félix Novelo Coello, quien en el sexenio “patricista” se sirvió con la “cuchara grande” siendo director de Primarias y ahora se dice preocupado por la situación de las pensiones.
Junto con la profesora Gina Marrufo Corrales acarrearon a una veintena de personas, entre ellas algunos que tienen otros problemas y otras demandas ajenas al caso del Isstey, como los de Crecicuentas, a una protesta en las oficinas donde curiosamente sólo señalaron como culpables de la situación a administraciones anteriores.
Se sabe en el ambiente político que Novelo Coello aspira a ser diputado en el 2021 y, además, no tiene nada qué reclamar porque aún cobra 22 mil 517 pesos, según se consultó en la nómina de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado que está disponible en Internet. Gana como director de Secundarias y, además, es jubilado federal.
(Rafael Gómez Chi)