Con el objetivo de frenar el excesivo derroche de recursos que se da cada cambio de administración con la sustitución de imagen y colores, el diputado Luis Borjas Romero (PRI) presentó ayer una iniciativa para modificar la Ley de Imagen Institucional para el Estado de Yucatán y sus Municipios, y para que cada municipio o Poder use su escudo de armas y establezca el blanco, negro y escala de grises como los colores para los bienes muebles e inmuebles.
La propuesta presentada ayer en la tribuna del Congreso del Estado propone, además, que los edificios e inmuebles estén libres de eslóganes, ideas, expresiones, imágenes, colores o cualquier elemento visual que se vincule con alguna persona, partido político u organización privada.
Borjas Romero afirmó que, con esto, se acotaría la aplicación de recursos para el cambio de color de fachadas, logotipo de edificios, papelería oficial, entre otros, para reorientarlos a programas sociales, educativos, culturales o de salud procurando que el beneficio sea para todos y a la vez fortaleciendo la cohesión social y la identidad yucateca.
“Se debe dejar de erogar recursos para cambiar abruptamente la imagen oficial de los organismos y edificios cada que hay un cambio de administración”, expuso.
Dijo que la Ley que se propone tiene por objeto regular la forma en que los entes públicos del Estado usarán su respectiva imagen institucional. Esta regulación incluye a los municipios y a los órganos con autonomía dotada por la Constitución Política del Estado.
Gasto excesivo
Y pretende establecer las bases en que deberán sustentarse las políticas, criterios y actividades para regular el uso y la difusión de la imagen institucional por parte de las dependencias, entidades y Ayuntamientos.
Para ello, los Poderes del Estado, los municipios y los órganos constitucionales autónomos se regirán en términos de sus propios escudos de armas como elemento central de la imagen gubernamental.
De esta forma se busca estar libre de eslóganes, ideas, expresiones, imágenes, colores o cualquier elemento visual que se vincule con persona alguna, partido político u organización privada o social con fines distintos a la función pública.
También al establecer el blanco, el negro y las escalas de grises como colores en los bienes muebles e inmuebles destinados al servicio de la administración pública estatal y municipal, y regular las bases en que deberán sustentarse las políticas, criterios y actividades para el uso y la difusión de la imagen institucional por parte de las dependencias, entidades y Ayuntamientos, se permite que todos los integrantes de la sociedad yucateca se identifiquen con ella fomentando la cohesión social y la identidad yucateca.
“El nuevo ordenamiento obligará al Gobierno del Estado, Ayuntamientos, así como a los Poderes Legislativo y Judicial, a acotar la aplicación de recursos que se empleaban para el cambio de color de fachadas, de logotipos en edificios públicos, en la infraestructura, así como en los vehículos y papelería oficial y que el dinero ahorrado por este concepto pueda ser efectivamente reorientado para programas sociales, educativos o culturales, procurando que el beneficio sea para todos”, expuso.
Apoyo a deportistas
En la sesión de ayer, la diputada Janice Escobedo Salazar (PRI) presentó una iniciativa para adicionar el segundo párrafo del artículo 59 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado, para que los deportistas y entrenadores de alto rendimiento, así como talentos deportivos que integren preselecciones y selecciones estatales, puedan contar con un seguro de vida y gastos médicos que deberá proporcionar el Instituto del Deporte de Yucatán.
Dijo que actualmente la Ley General, en su artículo 105, ya prevé la obligatoriedad de la Conade de proporcionar un seguro de vida y de gastos médicos a los deportistas y entrenadores que conforman el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, así como los que integren las selecciones y preselecciones nacionales.
De igual forma, 16 estados de la república contemplan en su marco normativo este seguro de vida y de gastos médicos para los entrenadores y deportistas de alto rendimiento, preseleccionados y seleccionados estatales que se encuentran registrados en sus sistemas.
Sin embargo, la Ley en Yucatán no contempla, dentro de las obligaciones del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, el garantizar este seguro de vida y gastos médicos a los deportistas de alto rendimiento o que tienen a bien representar a la entidad en competencias oficiales. Hay que recordar que los deportistas mencionados corren un mayor riesgo, no sólo en el desempeño de su actividad, sino también al momento de su traslado a competencias oficiales en otros estados o países.
“La implementación de esta medida sería de gran relevancia, representaría un gran estímulo, que les brindaría mayor tranquilidad al momento desempeñar su labor”, señaló.
Otras iniciativas
María Moisés Escalante (PRI) presentó una iniciativa, con Felipe Cervera Hernández (PRI), para modificar la Ley de Enseñanza Normal de Educación Preescolar, su similar de Primaria y también de Educación Superior, que propone otorgar conocimientos fundamentales y prácticos en materia de inclusión de las personas con discapacidad, dotar a los estudiantes de herramientas educacionales y métodos flexibles enfocados en las capacidades, necesidades y estilos de aprendizaje que pueda tener una persona con algún tipo de discapacidad.
Warnel May Escobar (PRI) presentó una iniciativa para declarar el 21 de septiembre como Día Estatal del Turismo, con el propósito de concientizar a la comunidad yucateca acerca del valor social, cultural, político y económico del turismo, además de cómo el sector puede contribuir a lograr los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
Rosa Díaz Lizama (PAN) presentó una iniciativa para expedir la Ley para Promover y Fomentar el No Desperdicio de Alimentos del Estado, para establecer las principales políticas públicas que cumplan con este objetivo, con las competencias de las autoridades públicas, sociales y privadas, para implementar una cultura de no desperdicio y en favor de las personas menos favorecidas.
Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN) presentó una iniciativa para reformar las fracciones II y III del artículo 5 de la Constitución Política estatal, que propone elevar de 6 meses a 2 años consecutivos el tiempo de residencia en el Estado para obtener la calidad de yucateco, ante la afluencia de personas de otras entidades y países que han decidido radicar en Yucatán, así como el posible aumento en los próximos años.
(David Rico)