Yucatán

Aprueban tipificar y sancionar delitos informáticos

Los diputados de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública aprobaron por unanimidad las modificaciones al Código Penal del Estado en materia de Delitos Informáticos, que establece sanciones de 6 meses hasta 2 años de prisión a quien, por beneficio propio o ajeno, modifique, destruya o provoque la pérdida de información contenida en sistemas o equipos de esta índole protegidos por algún mecanismo de seguridad, entre otras.

El presidente de la citada comisión y autor de la iniciativa, Luis Borjas Romero (PRI), explicó que la iniciativa adiciona 7 artículos al Código Penal del Estado de Yucatán a fin de sancionar estas conductas.

De igual forma se sancionará al que con la intención de provocar un desperfecto en su funcionamiento los deje total o parcialmente inoperable, así como al que intercepte comunicaciones privadas con la intención de recabar información personal o financiera.

Se crea en el mismo sentido una sanción para quien, autorizado para acceder a sistemas y equipos del Estado, como lo pudiera ser un proveedor externo de servicios informáticos o servidor público, indebidamente sustraiga, cambie o modifique información para beneficio personal o ajeno.

El dictamen también tiene la intención de sancionar a quien, autorizado para acceder a sistemas o equipos informáticos, indebidamente modifique o provoque pérdida de información.

Agravante

Se precisa como agravante la conducta tendiente a obstruir, entorpecer, obstaculizar, limitar o imposibilitar la procuración o impartición de justicia, o la conducta antijurídica recaiga sobre los registros relacionados con un procedimiento penal resguardados por las autoridades competentes.

Adicionalmente se impone la destitución del cargo o empleo y la inhabilitación para obtener otro en el servicio público hasta por un plazo de ocho años, si el sujeto activo tiene el carácter de servidor público.

Finalmente se legisla al respecto de las acciones conocidas como “phishing”, es decir, aquellas que tienen la intención de suplantar la identidad de instituciones financieras, empresas de servicios informáticos o electrónicos o dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán u otro poder u organismo del Estado, para provocar la revelación de información personal o financiera de los ciudadanos, lo que va de la mano –como ya se dijo– con el avance tecnológico.

Cirugías plásticas y terna

De igual forma, en la sesión de la comisión se continuó con el estudio de la iniciativa referente a la regulación de las cirugías plásticas y la estipulación de sanciones para los centros que las practiquen sin estar certificados, para lo cual se aprobó que en la próxima sesión asista un grupo de especialistas en el tema.

En asuntos generales, Borjas Romero señaló que se dará continuidad al proceso que se inició hace algunas semanas, cuando el Ejecutivo presentó la terna de prospectos a ocupar el cargo de magistrado del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, conformada por Gabriela Gutiérrez de los Santos, Armando Lara Castillo y Grettel Geovana Escalante, quienes serán convocados a comparecer mañana jueves 31 de octubre.

Recordó que el Congreso del Estado debe designar al magistrado en un plazo de 30 días naturales; sin embargo, debido al amparo interpuesto por el ex magistrado César Antuña Aguilar, quien no fue ratificado en el cargo, el Congreso sólo puede limitarse a continuar con el procedimiento de análisis y discusión que marca la misma ley; sin embargo, no nombrará un nuevo magistrado hasta que se resuelva el juicio de amparo existente.

Sala de comisiones se encharcó

Con la lluvia de ayer la sala de comisiones prácticamente se encharcó, pues como ya se había mencionado, el edificio del Congreso del Estado presenta severas fallas que ocasionan, entre otras anomalías, una gran cantidad de filtraciones en prácticamente todas las áreas.

Sin embargo, el Ejecutivo no ha llevado a cabo el dictamen solicitado por el Legislativo, así como el Congreso del Estado no tiene presupuesto para atender el problema ni le corresponde hacerlo, porque el inmueble pertenece al Gobierno del Estado.

(David Rico)