El Congreso del Estado y el Colegio de Abogados firmaron ayer un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la construcción de la cultura jurídica en Yucatán, además de que permitirá el intercambio de ideas y puntos de vista sobre las iniciativas que consideren los diputados puedan intervenir los profesionales en derecho.
El documento fue signado por el presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, Enrique Castillo Ruz (PRI), y el presidente del Consejo Directivo del colegio, Fernando Sauri Campos, en presencia del director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso estatal, Sergio Martínez Cachón, así como la asistencia de los diputados Rosa Díaz Lizama (PAN), Luis Borjas Romero (PRI) y Luis Loeza Pacheco (MORENA).
En sus palabras de bienvenida, Castillo Ruz invitó a trabajar con verdadero compromiso y responsabilidad social a favor de la justicia, el desarrollo y el bienestar, para que las acciones contempladas en este acuerdo se promueva una nueva cultura de la legalidad, que consolide la vida democrática.
Un gran reto
En su turno, el presidente del Colegio de Abogados detalló que la actualidad exige un abogado mucho más dinámico y con un servicio de inmediatez que representa un gran reto para esta asociación civil, por lo cual este convenio con el Congreso local es de gran satisfacción porque es responsable de crear y reformar el marco normativo de Yucatán.
“Con la firma de convenio, seguro podremos intercambiar ideas y puntos de vista sobre las diferentes iniciativas en las que consideren los diputados intervenir”, recalcó Sauri Campos.
El director del Instituto de Investigaciones Legislativas detalló que, con este acuerdo, ambas partes podrán planear, programar, organizar y realizar, en la medida de sus posibilidades, acciones conjuntas sobre los temas que la labor legislativa actual requiere para la profesionalización de las funciones del Congreso.
“Para lograr que los análisis, debates y acuerdos que se convierten en productos legislativos cuenten con los elementos para llegar a ser instrumentos útiles para el beneficio de la colectividad cuyos resultados puedan ser medibles y por lo tanto evaluables”, señaló Martínez Cachón.
(David Rico)