SSP justifica indolencia de sus agentes en una diligencia federal

La sentencia del Tribunal Unitario Agrario (TUA) para que se entregara un terreno de Cholul a su legítimo dueño faculta a los funcionarios encargados de la diligencia a solicitar el auxilio de la fuerza pública, pero los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que se presentaron a la diligencia optaron por no dar el apoyo, a pesar de que existe la orden de un juez federal.

Informamos que el pasado lunes se llevó a cabo una diligencia a cargo de un actuario y personal del Tribunal Agrario 34 para entregar al empresario Luis Pérez Gil Salcido un predio del cual es legítimo dueño y del cual fue despojado por el especulador de tierras Joel Duarte Peraza, quien a su vez se lo vendió a la empresa Constructora Valcasa.

En la sentencia, derivada del juicio 671/2005, el Tribunal Agrario ordenó que dicho predio se entregue a su dueño y facultó al personal de la dependencia encargado de la diligencia a “romper chapas y candados, cerraduras y cercas, así como para acceder al bien materia de la controversia, a través de las propiedades vecinas o servidumbres establecidas, así como al uso de la fuerza pública para dar cumplimiento a la sentencia”.

Al encontrar resistencia de los que se hicieron del predio hace años, encabezados por Joel Duarte Peraza y quienes allí estaban y que adoptaron una actitud agresiva contra la autoridad, el actuario del TUA solicitó la intervención de los elementos de la SSP, pero éstos, a pesar del mandato federal, se negaron a dar el apoyo aduciendo no tener órdenes específicas.

¿Orden específica?

Ayer se solicitó a la SSP una explicación sobre el actuar de los policías; el área de Comunicación Social de la dependencia dijo que no se pone en duda la legalidad de la sentencia emitida por el TUA, pero que los elementos policiacos no tenían la facultad de interpretar el documento y actuar en consecuencia, dado que no existía una orden específica de uso de la fuerza pública.

Agregó que no se trataba de una diligencia de fuerza pública porque, de haber sido así, habrían llegado los elementos ya con el actuario. Lo que sucedió –argumentó– es que se solicitó el apoyo de la SSP en el momento por la discusión y los sucesos que se estaban dando, por lo que acudieron los oficiales con la misión de resguardar el orden y únicamente recomendaron que hubiera calma y no intervinieron.

Finalmente reiteró que sólo con una orden específica de uso de la fuerza pública la SSP intervendrá en el asunto.

Cabe destacar, sin embargo, que en todo momento el actuario y personal del TUA señaló a los oficiales que, de acuerdo con la sentencia emitida, ellos sí tienen la facultad de solicitar el apoyo, sobre todo porque los ocupantes del predio se negaban a salirse del lugar e impedían que se llevara a cabo la diligencia, por lo que se pidió a los agentes que tomaran cartas en el asunto.

La solicitud de los funcionarios en ningún momento fue para que llevaran a cabo algún desalojo, sino para que se detuviera en ese momento a los rijosos, comandados por Joel Duarte Peraza y por el abogado Ernesto Flamenco, además de otros individuos que se llevaron al lugar expresamente para impedir la diligencia.

Pero los elementos de la SSP mostraron en todo momento indolencia y adujeron no tener órdenes específicas de intervenir.

No hubo apoyo

Los funcionarios del TUA solicitaron que se detuviera a los rijosos por alterar el orden público y por no permitir a los empleados del orden federal a llevar a cabo una diligencia ordenada por un juez. Incluso se les solicitó que se detuviera a las partes implicadas y que se les llevara a la Fiscalía, pero no hubo apoyo de los elementos de la SSP.

Al final la diligencia se suspendió, pero los datos de los oficiales fueron recabados y quedará sentando en el acta que estos se negaron a dar el apoyo solicitado por funcionarios del ramo federal y con base en el mandato de un juez.

(David Rico)