La denuncia de ejidatarios y organizaciones civiles, en el sentido de que la mega planta solar que se pretende construir en el municipio de Muna incumple las normas oficiales y ha violado los derechos de las comunidades, fue corroborada por la Organización de las Naciones Unidas al emitir una serie de observaciones y recomendaciones a las autoridades para que atiendan las quejas de la población inconforme.
En conferencia de prensa organizada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, sus integrantes sostuvieron que además de la deforestación de más de 600 hectáreas que ocasionará la mega planta, los inversionistas y sus operadores han generado una división y enfrentamiento entre los pobladores que ha roto la armonía y sana convivencia de las familias.
Subrayaron que, mediante el ofrecimiento de dinero y otras artimañas, los operadores de la empresa han tratado de comprar la conciencia de gran parte de los 102 ejidatarios, “convenciéndoles” de las bondades de la planta, en tanto que a quienes se oponen los han amenazado y agredido físicamente.
La empresa ya dispuso de 11 millones de pesos para cubrir la concesión de usufructo por 30 años de las tierras a utilizar, pero los ejidatarios insisten en que es una cantidad insuficiente, que no justifica los daños ambientales que generará la planta.
Casi dos millones de paneles
José Aurelio Mugarte Xool y Wilberth Abraham Chi Domínguez, vecinos de Muna; Yadira Borges Villanueva, habitante de Planchac, Sacalum, y Gabriela Torres-Mazuera, antropóloga e investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, expusieron las diversas irregularidades en las que la empresa ha incurrido para tratar de ejecutar el proyecto a como dé lugar.
En la conferencia se subrayó que la ONU emitió una serie de observaciones y recomendaciones sobre el proceso de consulta a las comunidades indígenas del municipio de Muna, donde pretende construirse un mega parque solar denominado Ticul A y B, que evidencia que no se cumplió plenamente con el carácter previo, libre, informado, de buena fe y culturalmente adecuado de la consulta realizada por las autoridades.
Indicaron que el proyecto consiste en la instalación de un millón 183 mil 500 paneles solares en una superficie total de 675 hectáreas, de las cuales se terminaría con 603 hectáreas de selva mediana caducifolia. Entre los impactos ambientales más significativos que tendría el proyecto se encuentran la pérdida de suelo y alteración de su calidad; fragmentación del hábitat, aislamiento y desplazamiento de plantas y animales nativos con estatus de protección, afectando sus ciclos de reproducción y alimentación.
Asimismo se señaló el incremento del riesgo ante el impacto de huracanes, sobre todo en el área núcleo del proyecto (donde está situada la comunidad de San José Tipceh) y en la zona de influencia directa donde está Plan Chac, la afectación al paisaje y el aumento de la temperatura local, lo que afectaría a la población en general, así como los servicios de polinización de abejas y murciélagos y la agricultura.
Sin participación
De igual forma se consideran afectaciones a las funciones de recarga del acuífero y contaminación, así como posible escasez de agua por las afectaciones al ciclo de lluvias y el desecamiento de los cuerpos de agua en la región como las aguadas, los haltunes y los chultunes.
Con la aclaración de que su intención no es asumir una postura o pronunciarse sobre la materia o viabilidad técnica del proyecto, la ONU-DH emitió las siguientes observaciones respecto del proceso de consulta:
La ONU-DH recibió información de la Sener, del Gobierno de Yucatán y de la comunidad de San José Tipceh sobre la firma de contratos de arrendamiento entre la empresa y personas ejidatarias de la comunidad antes de que se celebrara la consulta y se obtuviera el consentimiento, así como sobre pagos relacionados con estos contratos durante la consulta.
El documento señala que “ambas acciones podrían haber violentado el carácter previo de la consulta y el consentimiento”, y afirma también haber recibido información respecto de que la comunidad no tuvo una participación significativa en la elaboración de los estudios y manifestaciones de impacto social y ambiental, ni en el otorgamiento de los permisos correspondientes.
Fuertes presiones
En lo que toca al carácter libre de la consulta, la ONU-DH recibió información de que los contratos y pagos antes señalados generaron diversos intereses y conflictos al interior de la comunidad, al punto de que en muchas sesiones hubo presencia de policía municipal y estatal. También se denunció una fuerte presión para la finalización de la consulta y el otorgamiento del consentimiento, pese a que los estándares internacionales establecen que el entorno del proceso debe estar libre de intimidación, coacción, manipulación y hostigamiento.
Sobre el carácter informado, varias personas de la comunidad expresaron no contar con información completa y clara sobre sus derechos y no sentirse libres de manifestar sus dudas en las sesiones. Señalaron que mucha información era sumamente técnica y que no hubo espacio y tiempo suficiente para discutirla de forma amplia.
Personas de la comunidad afirmaron que la consulta no fue culturalmente adecuada, pues no contaron con una traducción e interpretación completa y adecuada a la lengua maya. La autoridad les indicó que mandaran sus preguntas por correo, lo cual para muchas personas no es posible por carecer de Internet, además de que este formato no permitió socializar las respuestas en la asamblea.
Tampoco se garantizó que la consulta fuera de buena fe, puesto que varias solicitudes, oficios e inconformidades de distintas personas de la comunidad no fueron atendidas antes de dar paso a las siguientes etapas de la consulta. La ONU-DH expresó a las autoridades, en múltiples ocasiones, su preocupación en torno a la conflictividad y a las consecuencias negativas que se podrían generar de continuar avanzando con el proceso sin atender debidamente esta situación.
Cabe señalar que la ONU-DH inició, desde diciembre del 2016, el diálogo y la asistencia técnica con la Sener y con el Gobierno de Yucatán sobre los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas y, en particular, sobre el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre, informado, de buena fe y culturalmente adecuado, para coadyuvar en la implementación del mismo en el marco de las consultas por proyectos energéticos en territorio indígena.
Ante las observaciones registradas, la ONU-DH incluyó una serie de recomendaciones en el mismo documento dirigidas a la Sener, al Gobierno de Yucatán, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, al Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, así como a las empresas Sun Power, Vega Solar 1 y Vega Solar 2, encaminadas a atender y solventar las irregularidades, así como la potencial afectación que los estudios y manifestaciones de impacto social y ambiental puedan tener sobre las comunidades.
De igual forma, pidió asegurar que el proceso de consulta cumpla con los estándares internacionales suscritos por México, garantizando la transparencia, el acceso a la información, así como la participación de las comunidades en un contexto libre de violencia.
La empresa no podrá iniciar la obra hasta que las instancias donde los campesinos han interpuesto sus recursos de queja emitan los dictámenes correspondientes.
Finalmente los ejidatarios denunciaron que las dependencias federales y estatales han evidenciado estar a favor de la empresa sin importarles que no se cumplan las leyes del ramo.
(Rafael Mis Cobá)