Recomiendan a autoridades agrarias no extralimitarse

Los diputados del Congreso del Estado aprobaron ayer un punto de acuerdo dirigido al Gobierno Federal, a través del titular de la Sedatu, para que las autoridades que fungen como enlace y representación de las dependencias federales en la Entidad limiten su actuación a lo que dicta la Ley Agraria, sin interferir en las decisiones que se lleven a cabo en las asambleas ejidales ni confabularse con empresarios para la venta de tierras ejidales y, mucho menos, agitar a los núcleos disidentes para el desconocimiento de autoridades ejidales legalmente electas.

El punto de acuerdo fue presentado por el diputado Luis Borjas Romero (PRI), presidente de la Comisión Especial de Atención Ciudadana, luego de reunirse con ejidatarios que en la sesión anterior del pleno llevaron a cabo una manifestación en el Legislativo. Esos ejidatarios, como apuntamos en su oportunidad, son precisamente los que están abanicados por especuladores.

El legislador destacó que el punto de acuerdo es para exhortar al Gobierno Federal para que, en el actuar de la vida cotidiana de los ejidos y en sus asuntos, se respete la autonomía de los ejidos y se dote de certeza jurídica a los actos emanados de sus autoridades.

Que no se involucren a personas ajenas a los ejidos, como inversionistas, empresarios o representantes de organismos distintos, y que las autoridades competentes se limiten al actuar específico de lo que la ley les permite.

Que se respete íntegramente la voz de los ejidatarios mediante las decisiones tomadas por la voluntad de la mayoría, conforme a la Ley Agraria y a través de su máxima autoridad, la asamblea general.

Que las autoridades y dependencias del ramo agrario otorguen la certeza jurídica que merecen los núcleos ejidales, respetando el contenido de las actas debidamente aprobadas en asamblea y cumpliendo con la celeridad que manda la ley en los actos procesales que conllevan, como la inscripción y expedición de documentos agrarios.

Los ciberdelitos

Además, se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a través del titular del Registro Agrario Nacional, para que los trámites y las gestiones que realicen los ejidos ante dicha dependencia se atiendan con la celeridad que ordenan las leyes agrarias y sin imponer condiciones fuera de la ley.

En la sesión, los diputados aprobaron por unanimidad las modificaciones al Código Penal del Estado en materia de delitos informáticos, con sanciones de 6 meses hasta 2 años de prisión a quien, por beneficio propio o ajeno, modifique, destruya o provoque la pérdida de información contenida en sistemas o equipos de esta índole protegidos por algún mecanismo de seguridad, entre otras.

En la sesión ordinaria de ayer miércoles, las siete fuerzas políticas también avalaron por unanimidad expedir la Ley de Mejora Regulatoria, en la cual se validó y valoró el Parlamento Abierto considerando las propuestas de cámaras empresariales y la sociedad civil, ejerciendo un análisis profundo del tema.

De la misma manera, con 15 votos, fue electa Janine Andrade Campos como nueva integrante del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inaip), por un período de dos años.

Ley consensada y óptima

Con respecto a la Ley de Mejora Regulatoria, Marcos Rodríguez Ruz (PRI) manifestó que la LXII Legislatura cumple con dotar al orden legal una ley completa, consensada y óptima, para generar desarrollo tanto a nivel estatal como municipal, que se apega a las directrices de la norma general, privilegiando el Parlamento Abierto con propuestas de las cámaras empresariales y la ciudadanía.

Víctor Sánchez Roca (PAN) explicó que esta ley contempla, además, un registro de regulaciones de acceso a las mismas para que las personas físicas o morales puedan hacer todos sus trámites de pagos de derecho en una misma consulta, así como trabajar con un solo expediente para cada uno de ellos.

La diputada Fátima Perera Salazar (MORENA) acusó de un supuesto acto de nepotismo por parte del Ayuntamiento de Progreso, cuya denuncia del caso ya fue presentada ante la Contraloría del municipio de Progreso, y “este Congreso no puede quedar callado y voltear hacia un lado en la perspectiva de demora negligente en la obligación del órgano de control del puerto”.

A la sesión del pleno acudió un grupo de pobladores de dicho municipio, quienes denunciaron esa presunta irregularidad.

(David Rico)