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El Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y Administrativa resolvió que la juez Miriam de Jesús Cámara Patrón está impedida de conocer el caso de la mega-granja de Homún de la empresa Productora Porcícola PAPO, la cual contrató a Pedro Carbajal Jiménez, un abogado que lleva asuntos personales de la juzgadora.

Lo anterior fue considerado por activistas y pobladores que mantienen una lucha contra la granja como una argucia legal de la parte demandada para quitar del caso a la juez, que ha mantenido una medida de suspensión a la granja.

Ante este escenario, el abogado del Equipo Indignación, Jorge Fernández Mendiburu, explicó que se decidió interponer una petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal para que se garantice la independencia e imparcialidad en el juicio por medio del cual la infancia de Homún ha solicitado protección a sus derechos a la salud, al medio ambiente y como pueblo maya.

Explicó que ahora que se decidió el impedimento de la juez de participar en este caso, existe el riesgo fundado de que éste recaiga en un nuevo juzgado, ya sea el Primero o Segundo de Distrito, cuyos jueces han mostrado un claro favoritismo y sentencias a favor de PAPO.

Jueces a modo

“Lo que se hizo es, desde luego, una acción cuestionable por parte de la empresa, con poca ética y una argucia legal y, ahora que se aceptó el impedimento, se deberá nombrar otro juez para este caso, quitando a una juez que había sido imparcial y con resoluciones apegadas a derechos humanos, manteniendo la suspensión que actualmente se encuentra en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atrajo este caso”, expuso.

Comentó que el riesgo es que, ante un nuevo juez, se pueda plantear por parte de PAPO la revocación de la suspensión, que se ha mantenido a pesar de todos los recursos interpuestos por la empresa.

Dijo que PAPO presentó un recurso de revisión de la medida de suspensión y es la que está actualmente en revisión en la SCJN y, en este sentido, no puede presentar otro recurso de este tipo, pero sí puede recurrir a un incidente de modificación de la suspensión que se contempla en la Ley de Amparo y, si el caso cae con un juez a modo, podría otorgarse quitar la suspensión en cuestión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no tendría materia para la revisión que hace.

Fernández Mendiburu dijo que, desde luego, esta es la estrategia de PAPO, mediante una argucia legal tratando que el tema se resuelva en los juzgados y con jueces a modo, para que no sea la SCJN la que resuelva.

Ante el riesgo de que se quite la medida suspensiva, dijo que se presentó la solicitud a la SCJN y al Consejo de la Judicatura para que vigilen con lupa cualquier resolución y el actuar de los jueces ante esta situación.

Bajo lupa

“Esta jugada de PAPO roza el marco de la legalidad, sacando a una juez que se había mantenido firme y con resoluciones apegadas a derechos humanos, pero si el caso cae con los dos jueces del Juzgado Primero o Segundo que han actuado de lado de los poderosos, puede haber la revocación de la suspensión y por ello el Consejo de la Judicatura debe vigilar escrupulosamente, y esa es la solicitud, el actuar de los jueces”.

“Cualquier decisión deberá ser analizada por el Consejo de la Judicatura y la SCJN tendrá que revisar el actuar del juez al que le toque el caso, garantizando con ello que no se usen criterios contrarios a derechos humanos y se pueda mantener así la suspensión”.

“Buscamos que se ponga vigilancia a este juicio y que se revise con lupa el actuar de los jueces”, concluyó.

(David Rico)

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