El diputado Luis Borjas Romero (PRI), presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia en el Congreso del Estado, dijo ayer que el Gobierno del Estado deberá explicar con claridad para qué se utilizarán y cómo se canalizarán los recursos que se recauden por el nuevo Derecho por la Infraestructura Tecnológica en Materia de Seguridad Pública, en caso de que el Legislativo lo apruebe.
Informamos que, en caso de que el Legislativo dé su visto bueno a la propuesta del Ejecutivo, todos los propietarios o poseedores de predios deberán pagar un nuevo derecho por el aprovechamiento del servicio y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de seguridad pública de la que gozan los habitantes de Yucatán, como son las cámaras de vigilancia, los arcos lectores, etc., que se cobraría mensualmente a través de recibos de servicios básicos, como el de la CFE.
En este tenor, el legislador dijo que en los próximos días se deberá entrar a la discusión del tema y con el acercamiento que se tenga a las dependencias de la administración estatal, se deberá aclarar cómo será utilizado este recurso.
De acuerdo con la Ley de Ingresos para el próximo año, el Gobierno del Estado proyecta recaudar por este derecho 282 millones 817 mil 121 pesos.
El diputado dijo que hace algunos meses se aprobó un crédito por 2 mil 600 millones de pesos, precisamente para temas de seguridad y por ello se hace necesario una explicación de cómo, por qué y de qué forma se distribuirá este recurso que se proyecta captar.
“Los diputados como la ciudadanía debemos tener en claro cuáles son las bases por las que se cobrará este derecho y cómo se utilizará”, expuso.
Dijo que lo que se sabe hasta hoy es que lo recaudado se pondría en una bolsa de libre disposición; en este sentido dijo que se debe garantizar que el dinero sea realmente usado, en su caso, en temas de mantenimiento de la infraestructura de seguridad.
“No está claro para qué se usará el recurso y queremos saber qué municipios se beneficiarán o cómo se usará el recurso”, señaló.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Mérida (Canaco), Michel Salum Francis, opinó que este derecho es necesario y es la forma en que todos pueden contribuir a mantener los niveles de seguridad que hoy tiene Yucatán.
Expuso que miles de personas están llegando a la entidad y por ende se requiere mantener los estándares de seguridad y que la constante disminución al presupuesto federal obliga al Gobierno del Estado a buscar mecanismos para financiar este tema.
“Hay que cerrar filas y contribuir todos si queremos seguir viviendo en un estado seguro y evitar que nos sucedan cosas como lo ocurrido en Monterrey, donde de pronto se desató la inseguridad y costó mucho dinero”, señaló.
Sobre el monto que se cobrará, dijo que hasta donde se sabe se pondrá un tope, en cuanto a un porcentaje de lo que se cobra por alguno de los servicios básicos, aunque hasta ahora no se sabe cuál será (se habla de que tentativamente se cobraría a través del recibo de la CFE).
Reiteró que se trata de un esquema que involucra a todos los ciudadanos pues reiteró que se tiene que hacer algo ante la falta de recursos federales, además de que expresó que estos recursos serían un complemente para pagar el financiamiento de Yucatán Seguro.
Ayer en evento llevado a cabo en el Club Libanés, el gobernador Mauricio Vila Dosal se refirió de manera indirecta al tema y reconoció que no es fácil cobrar más derechos, como el reemplacamiento, y aseguró que lo más fácil era no hacer nada por el costo político que implica.
Agregó, en el tema del Paquete Fiscal que se envió al Congreso del Estado, que fue una decisión difícil pero reiteró que “si queremos conservar lo que tenemos hay que hacer sacrificios” y reiteró que “en Yucatán hay que sacrificar el doble”.
Dijo que desde luego los que más tienen deberán pagar más y los que menos tienen se buscarán esquemas para que no hay afectación, pero que se trata de un tema de responsabilidad para conservar la forma de vivir que se tiene en Yucatán.
(David Rico)