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Dar las concesiones de las gasolineras a universidades públicas

Para nadie es un secreto que las concesiones para abrir gasolineras fueron botín político de gobernadores, diputados, senadores, alcaldes, funcionarios de gobierno, empresarios y demás fauna neoliberal.

Tampoco es un secreto que cientos de esas concesiones se vendieron por debajo del agua al mejor postor, y que durante años muchos de los concesionarios defraudaron al país comprando gasolina robada por los huachicoleros de cuello blanco y por los otros, es decir, por los que con apoyo de los servicios de seguridad de Pemex perforaban los ductos de distribución para ordeñarlos.

Todos esos concesionarios y huachicoleros hicieron inmensas fortunas al amparo de la corrupción sin que nadie los tocara, pero el nuevo Gobierno Federal sí los enfrentó y, al estallar la crisis por los atentados contra los ductos y por el desabasto intencional de gasolina, el mismo Gobierno Federal informó que fueron canceladas cientos de concesiones de gasolineras comprometidas con la corrupción del huachicol.

Es por eso que, para evitar que se vuelva a caer en la añeja costumbre de la entrega de esas concesiones en lo oscurito y pensando que de nada serviría transparentarlas si con ellas se sigue beneficiando a particulares que solamente velarán por su propio interés, nosotros pensamos que esas concesiones, que son parte de los bienes del país, deberían servir antes que nada para fortalecer la economía de las universidades públicas e institutos nacionales de investigación, que a la fecha están sufriendo recortes. Asimismo, pensamos que los recursos obtenidos de esas concesiones de las gasolineras deberían servir prioritariamente para sostener becas para todos sus estudiantes, con lo que se podría evitar la deserción y se elevaría el nivel de aprendizaje de muchos de ellos cuyas familias no cuentan con recursos suficientes, por lo que tienen que realizar trabajos de medio tiempo o de tiempo completo, actividad que los obliga a restar horas de estudio a las materias de su carrera.

Hay que considerar que, cuando un estudiante de nivel superior tiene que trabajar para poder sostener sus estudios, todos pierden: pierde él porque no va a tener tiempo para poder aprender todo lo que debería saber. Pero si a pesar de eso se titula, pierde el país porque al no haber sido un estudiante de tiempo completo tal vez no será un profesional de excelencia, y pierde la sociedad, porque los estudiantes que no le dedicaron todo el tiempo necesario al estudio de su profesión podrían no ser profesionales 100% capaces.

Hay otro aspecto importante a considerar: muchos estudiantes sacrifican parte de lo que podrían invertir en su alimentación para poder pagar los camiones, lo que no debería ocurrir, porque afecta su rendimiento.

Y si consideramos que la educación superior es ante todo un derecho humano y un bien social, porque además de que eleva las posibilidades de desarrollo de un país mejora las condiciones generales no sólo de la familia del estudiante, sino también de la sociedad, antes que volver a convertir en premios políticos las concesiones de gasolineras o antes de volver a hacer negocios con ellas pidiendo moches a los empresarios consentidos para asignárselas, como se hizo durante años, debiéramos pensar en que las universidades públicas y las instituciones nacionales de investigación tienen la capacidad de obtener préstamos para construir las gasolineras que se les concesionen, tienen además la capacidad de administrarlas éticamente, es decir, sin robarle litros a los consumidores, y tienen la urgente necesidad de contar con mayores recursos, sobre todo ahora que, como todos saben, están sufriendo recortes porque el Gobierno Federal está construyendo 100 nuevas universidades.

Finalmente hay que señalar que, por ejemplo en la UADY, según han reconocido sus autoridades, nunca han logrado dar becas a todos los estudiantes que las necesitan y por eso persiste la deserción, mal que por desgracia no sólo afecta a una gran cantidad de estudiantes, sino afecta especialmente a los más pobres.

(Roberto López Méndez)

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