Por Ariel Avilés Marín
Las redes sociales están muy activas con relación a la esperada y necesaria resolución en sentido positivo por la cual la Legislatura de Yucatán ha de acatar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es inaplazable ya la derogación de la Ley de la Familia del Estado de Yucatán, la cual ha sido declarada inconstitucional por el máximo tribunal de la república.
Inexplicablemente, esta soberanía del estado, el Poder Legislativo, de una u otra forma, ha estado dando largas al asunto, causando agravio a una minoría que ve de esta forma vulneradas sus garantías constitucionales. Leyendo entre líneas podemos colegir que a los señores legisladores se les pierde de vista que su función en la materia es un asunto de índole jurídica y en la que no debe interferir su criterio personal, pues no se trata de discutir, analizar, consultar, ni ninguna otra figura o procedimiento. Existe una jerarquía de leyes, y un mandato como la jurisprudencia es una ley superior sobre la cual no ha de prevalecer ninguna otra. Es un asunto de acatar y, de inmediato, adecuar la ley estatal en la materia. Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una instancia final y sus resoluciones no son combatibles y tienen carácter vinculatorio.
Han circulado en los últimos días múltiples artículos y editoriales que ponen de relieve la necesidad, inaplazable ya, de proceder conforme a derecho y no dilatar más en algo que es ya cosa juzgada y que, tarde o temprano, cada uno de los estados de esta federación que es México tendrá que reconocer el derecho que les asiste a estos ciudadanos que, hoy por hoy, están sufriendo un trato discriminatorio por leyes estatales que contravienen la jurisprudencia del máximo tribunal de la nación. La legalización en Yucatán del Matrimonio Igualitario es un asunto inaplazable.
Algunos legisladores locales se han manifestado en sentidos opuestos a este mandato jurídico; en todas las opiniones vertidas se advierten prejuicios de índole moral y aún religioso. Cabe recordar a los señores legisladores en general y a los que se han manifestado en contra, en forma particular y muy puntual, que sus criterios de orden moral y religioso son muy respetables, pero no pueden prevalecer en sus funciones de orden legislativo, las cuales deben estar sujetas a derecho.
La Constitución General de la República consagra una serie de garantías individuales por las cuales todos los ciudadanos tienen los mismos derechos ante la ley. En este orden, nadie puede ser discriminado por causas como raza, credo, sexo, preferencia sexual, condición económica o social. A todas luces, al amparo de estos principios constitucionales, dejar al margen de la ley a persona alguna es contrario al espíritu de nuestra Constitución.
La diputada Adriana Díaz Lizama, ya desde su gestión como senadora de la república, se ha destacado por sus pronunciamientos en contra de este derecho inalienable de una minoría; argumenta que el 99% de las opiniones que ha consultado se han manifestado en contra de la modificación de la Ley de la Familia. Sra. diputada, así fuera el 100%, el derecho de una minoría no puede ni debe estar sujeto al arbitrio de una mayoría que, además, no sufre agravio alguno al ejercer su derecho esta minoría segregada y discriminada. No puede, no debe haber ciudadanos de primera y de segunda; todos los seres humanos son iguales ante la ley. Los derechos de las minorías se analizan, y si proceden se reconocen y ya.
El diputado Miguel Candila Noh es una vergüenza que, siendo legislador proveniente de un partido de izquierda y progresista, se haya manifestado en el sentido que lo hizo. Debe rectificar su posición y, además, atenerse al mandamiento de la Suprema Corte. Y debe hacerlo sin más dilación.
Mucho más lamentable fueron las declaraciones hechas por el abogado Miguel Sabido Santana, en su calidad de ombudsman del nuestro estado no puede permitirse ese tipo de declaraciones. El señor, desde el punto de vista normativo, está calificado idóneamente para el puesto, tiene una maestría en Derechos Humanos, por lo tanto conoce a fondo la normatividad al respecto. El problema es que, en sus declaraciones, los que hablaron fueron sus sentimientos y no sus conocimientos, se dejó llevar por lo que siente, fue sincero en lo que dijo y, lo dicho, dicho está. El abogado ha meditado y ahora dice que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. No licenciado Sabido, usted dijo la verdad que lleva en su interior y ahora que ha reparado en la tremenda incongruencia entre lo que dijo y lo que usted representa por su cargo, quiere rectificar, pero sin admitir su error craso. Nos recordó la lamentable gestión de la Sra. Marcia Lara de Moreno, que siendo consejera consultiva de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, contravenía con sus acciones el deber para el cual había sido electa por la legislatura.
Los Derechos Humanos avanzan cada día, tarde o temprano las parejas del mismo sexo no se verán obligadas a tener que recurrir al amparo de la justicia federal, no tendrán que ir a casarse a otra entidad, aquí en su tierra, en este lugar que es su hogar, podrán ejercer, junto con el derecho al matrimonio, todos los beneficios que este contrato social conlleva. Pues no sólo es el hecho de casarse el fondo del asunto, esto va mucho más allá. La figura legal del matrimonio implica con él asuntos como derechos hereditarios, cobertura de servicios de seguridad social, beneficios que nuestra Constitución establece sin distinción de ninguna clase para todos los ciudadanos sin excepción.
La ley que regula las relaciones de familia en el Estado de Yucatán debe ser derogada ya, sin más dilación; no hay nada qué discutir, nada qué consultar, es insalvable acatar la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación y no mantener a nuestra entidad en desacato a un mandamiento inatacable y de observación general.
El Matrimonio Igualitario es un asunto de Derechos Humanos y, por tanto, de la mayor importancia.