VALLADOLID, Yucatán, 15 de mayo.- El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) fue creado el 11 de septiembre de 1971 como organismo descentralizado, que tiene la tarea de brindar servicios de educación inicial y básica a niños y adolescentes que habitan en localidades marginadas y/o con rezago social.
Esto como un derecho universal y fundamental de todos los niños y niñas, en condiciones de equidad, mediante programas de intervención educativa que garanticen aprendizajes y enseñanzas eficaces, así como mecanismos de formación docente y participación social eficientes.
Pero contario a esta ley o disposición nacional, se contradicen los términos y condiciones y las garantías que contiene la misma, se pierden de manera arbitraria y tajante, dejando a la indefensa a los líderes educativos, niños y sus familias y demás involucrados en este proceso educativo.
¿Por qué de esta decisión? ¿Qué pasará con todos los afectados? ¿Y los derechos dónde quedan?
Para enterarnos un poco más de este conflicto social, entrevistamos al maestro Francisco Herrera Sánchez, trabajador del Conafe Valladolid con la comisión de Coordinador Regional, el cual expresó que los líderes educativos comunitarios llevan la educación a los lugares donde por algún motivo la Secretaría de Educación no ha logrado llegar y que por necesidad existen alumnos de preescolar, primaria y secundaria que necesitan ser atendidos; y en el caso de los responsables de la región dar seguimiento a los procesos de captura de información, captura de calificaciones, reportes de alumnos y continuidad a la labor que hacen los líderes en la comunidad, para tener a fin de ciclo, en su oportunidad, los documentos oficiales requeridos en cada nivel educativo.
“Los líderes educativos tienen un compromiso de ejercer esta función durante un año ininterrumpido y al terminar obtienen una beca por tres años para continuar sus estudios; y en el caso del coordinador regional, éste tenía una antigüedad de casi 12 años.
“Se deja claro que hasta el momento los líderes comunitarios no han sido afectados, pero personal en otras funciones a nivel nacional ya suman 540 afectados, separados de sus cargos. En el caso de Yucatán, 16, y en Valladolid uno.
“Lo que les asombra es que no existe un argumento o justificación emitido con claridad, sólo les llegó un oficio donde dice que ‘todo empleado que haya ingresado a partir del primero de septiembre del 2018 estaba suspendido de sus funciones’, por lo que no nos explicamos cómo se tomó esta disposición afectando a compañeros que tienen 6, 8, 10, 14 y 16 años de estar prestando sus servicios, cumpliendo con las normas y reglas del sistema y que ahora no se los quieren reconocer o hacer válido.
“Pero aún más arbitrario en el caso de Valladolid, pues el despido fue hecho por vía telefónica sin recibir ninguna explicación o alternativas al problema, no se les garantizó una liquidación conforme a derecho, que de cierta manera eso están buscando por la seguridad de sus familias”, enfatizó.
“Nos informan que es una orden presidencial para optimizar los recursos del país y ahorrar como parte de la nueva política de gobernar y que inició en diciembre pasado.
“Nos preocupamos por el futuro de todos los afectados, pero más de los niños que se encontraban en su proceso de formación, pues existirán atrasos en los niños y jóvenes, así como con los beneficiarios que en algún momento fueron líderes y todos los agentes que hacían los trámites para los apoyos económicos para las figuras de cada centro educativo y que continúan laborando hasta el momento”.
Asimismo, dijo no saben si concluirán en tiempo y forma para que reciban la compensación acordada.
Agregó que la información que se les proporcionó es que no habrá recontratación “y con ello se deja claro que las autoridades pertinentes no han tenido ningún acercamiento con los empleados para despejar todas nuestras incógnitas.
“Se comenta que se está trabajando en la recontratación, pero al mismo tiempo nos comunican que tenemos hasta el 31 de mayo, lo cual nos deja una incertidumbre que esa fecha llegue y nos digan que no hay nada para nosotros y nos quedemos indefensos.
“Por este medio queremos que tanto las autoridades como el público en general sepa que lo único que estamos buscando es que conforme a derecho se nos reconozca el tiempo trabajado, que nos liquiden si el perfil desaparece, porque el tiempo invertido de los años antes mencionados, con la esperanza de lograr algo sólido en el futuro y que de repente te digan que hasta aquí llegaste sin ninguna garantía o merecimiento, claro que impacta en el trabajador y su familia, que la mayoría es de escasos recursos, incluso hay entre nosotros madres solteras que son el sostén del hogar.
“Para finalizar, queremos y exigimos respuestas claras, deseamos información que nos garantice seguridad y estabilidad. Ellos saben que nosotros cumplimos y desempeñamos con responsabilidad nuestra encomienda, siempre que se nos fue requerido”, concluyó.
(Ariel Sánchez Gómez)