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Yucatán

El Congreso de Yucatán avaló ayer por mayoría la Reforma Educativa promovida por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque a nivel nacional un día antes se había decretado su constitucionalidad en el Diario Oficial de la Federación.

La minuta enviada por la Cámara de Senadores para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de los Artículos Tercero, 31 y 73 de la Constitución Política de México, en materia educativa, se aprobó aquí por 18 votos a favor y 6 en contra, ya que los diputados del PAN se abstuvieron, pero por reglamento se consideran votos en contra.

La diputada Karla Franco Blanco (PRI) manifestó que la nueva reforma prevé la obligación de impartir y garantizar la educación inicial y superior.

Luis Aguilar Castillo (NA) dijo que esta Reforma Educativa dispone que los planes y programas de estudio de la educación obligatoria tendrán perspectiva de género y una orientación integral; asimismo, incluirán el reconocimiento de las ciencias y las humanidades, así como las lenguas extranjeras e indígenas, la educación física, el deporte, las artes, la promoción de estilos de vida saludables y el cuidado del medio ambiente.

Silvia López Escoffié (MC) declaró que con estas modificaciones se logra que se respete la autonomía universitaria, que se reconozca la educación superior como un derecho, que el Estado brinde la infraestructura idónea para una educación de excelencia, que se incluyera el cuidado del medio ambiente y la perspectiva de género en los planes de estudio para darle un giro completo a la educación de México.

Nueva concepción de la docencia

Warnel May Escobar (PRI) mencionó que esta reforma reconoce el avance de la realizada en el 2013, con una nueva concepción de la docencia, y reafirma los principios de obligatoriedad con un modelo educativo sustentado en los derechos humanos.

Luis Loeza Pacheco (MORENA) señaló que estas reformas son parte sustancial de un proyecto que tiene por objetivo transformar al país para arribar a un mejor estado en el que se cambien las condiciones sociales y económicas, priorizando a los segmentos históricamente más vulnerables y oprimidos, por lo que nuestro Estado y esta Legislatura no debe estar ajena a este histórico proceso de transformación.

Iniciativas

Por otra parte, los partidos Movimiento Ciudadano, PRI, PRD, Nueva Alianza y Verde Ecologista, entregaron en conjunto una iniciativa para reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, la cual busca que los candidatos a alcaldes que no ganen su elección, puedan obtener un lugar en el Cabildo y aprovechar su experiencia y preparación.

A nombre de las fracciones y representaciones legislativas suscritas a la propuesta, Milagros Romero Bastarrachea (MC) dijo que esta iniciativa garantizará que el voto de los ciudadanos para aquellos candidatos que no resulten ganadores no se queden sin representación en el Ayuntamiento, lo que generará un pluralismo político.

Explicó que con esta reforma se pretende que el principio de representación proporcional se aplique al candidato que no queda ganador, es decir, que formará parte del Cabildo y, de esta manera, habrá gente que cumpla con el perfil.

Pensionados y jubilados

Con 19 votos a favor y dos en contra se aprobó el punto de acuerdo que presentó Manuel Díaz Suárez (PAN) para que el Congreso de Yucatán exhorte respetuosamente al director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a realizar a la fecha el pago retroactivo a los trabajadores jubilados y pensionados a partir del ejercicio fiscal 2016, consistentes en la actualización de los conceptos denominados “Ayuda de Despensa” y “Previsión Social Múltiple”.

Al igual que el pago integral de su debida pensión, conforme al salario mínimo, a las cuales tienen derecho como lo prevé la ley aplicable en el momento de su jubilación; se exhorta también al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que destine una partida presupuestal extraordinaria para el pago retroactivo correspondiente y para el pago mencionado, debidamente actualizados en su totalidad conforme al Indice Nacional de Precios al Consumidor y, en lo sucesivo, contemple dicha partida para el ejercicio fiscal 2020 y subsecuentes.

Sobre el mismo tema, Felipe Cervera Hernández (PRI) resaltó que no debe estar a discusión que se paguen estos adeudos conforme al salario mínimo, porque estaba establecido en la ley, pero principalmente porque las y los trabajadores se lo han ganado con su trabajo.

La ZEE

En asuntos generales, Lila Frías Castillo (PRI) también presentó un proyecto de acuerdo, admitido por mayoría, para que el Congreso del Estado, en pleno respeto a la autonomía federal, exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a reconsiderar su decisión de cancelar la Zona Económica Especial de Progreso y, por ende, a continuar con este proyecto y lograr su consolidación en conjunción con los diferentes órdenes de gobierno y los sectores privados.

Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN) presentó una iniciativa para adicionar fracciones y artículos a la Ley de Desarrollos Inmobiliarios, la Ley de Vivienda y la Ley de Asentamientos Humanos, para que los desarrolladores inmobiliarios que se dedican a la construcción de fraccionamientos, los conjuntos habitacionales administrados por el Gobierno estatal y las reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, consideren cuando menos el 5% de las superficies totales dentro de las viviendas o los terrenos, para sembrar una o más especies que se encuentren enlistadas en la Matriz de Selección de Especies, contempladas en la Ley de Conservación y Desarrollo del Arbolado Urbano.

Sanciones más severas

Kathia Bolio Pinelo (PAN) presentó una iniciativa que pretende establecer en el Código Penal del Estado sanciones más altas y severas para quien cometa el delito de abuso sexual, que irían de 8 a 12 años de prisión y de 100 a 200 días de multa, e incrementar esta sanción hasta en una mitad más cuando se cometa este delito con violencia, así como sanciones de 10 a 15 años de prisión a quienes cometan este acto ilegal contra menores o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado de este hecho; además de que se contemple el abuso sexual como un delito grave y se persiga de oficio.

Paulina Viana Gómez (PAN) presentó una iniciativa para adicionar el Capítulo V Ter denominado “ciberacoso” al título 11 del libro segundo que contiene el artículo 243 bis 5 del Código Penal del Estado, así como otras reformas y adiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de tipificar el ciberacoso para regular las libertades de los usuarios de las Tecnologías de la Información, para alcanzar una mayor armonía social.

(David Rico)

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