Ven 'puntos muy positivos” en nueva Reforma Educativa

La nueva Reforma Educativa que se promulgó ayer tiene puntos muy positivos, pero estamos en el análisis de la misma para emitir una opinión más a fondo, dijo el secretario general del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Yucatán (Setey), José Luis Flota Pech.

En entrevista, dijo que “estamos haciendo una revisión del documento que ya nos llegó, vemos que se abroga, que se cambia, que se quita y estamos en el análisis, pero es muy positivo lo que nos dice el abogado José Pacheco Durán, pero decir con exactitud los temas aún no lo tenemos de esa manera”.

“Lo analizamos con el Comité Ejecutivo y sí tiene puntos muy positivos la reforma de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ya fue aprobada en las Cámaras de Diputados y Senadores y se encuentra en proceso de discusión y aprobación en los Congresos locales”, dijo.

Apoyo del SNTE

Por su parte, el diputado Luis María Aguilar Castillo, secretario general con licencia de la Sección 57 del SNTE, dijo que ellos expresan su apoyo porque dicha reforma recoge muchas de las propuestas planteadas en diferentes momentos por el magisterio.

Además, establece el compromiso del Estado de garantizar la educación inicial, reincorpora el mandato constitucional que legitima la autonomía universitaria e instituye la obligatoriedad de la educación superior.

Reafirma que corresponde al Estado la rectoría de la educación, que será obligatoria, universal, pública, gratuita y laica. Además, incorpora los nuevos principios y criterios de equidad, inclusión, interculturalidad e integralidad.

Ratifica que la educación que imparta el Estado, además de tender a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, promoverá el enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, fomentará la honestidad, el respeto a todos los derechos, las libertades y la dignidad de las personas.

Señaló que la reforma manda que el Estado priorizará e interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en todos los niveles educativos.

Asimismo, dijo que eleva a rango constitucional el reconocimiento y la revalorización social de los docentes, reconociéndonos como actores de la transformación del proceso educativo. Establece como derecho de las maestras y los maestros la capacitación y la actualización.

Financiamiento suficiente

Crea un sistema integral de formación, capacitación y actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales.

Asume que la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, considerará los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje de los alumnos.

Compromete al Estado a fortalecer a las instituciones públicas de formación de maestros, de manera especial a las Escuelas Normales, asegurando un financiamiento suficiente, así como materiales didácticos, infraestructura, recursos tecnológicos y una planta docente de alto nivel.

Dispone que los planes y programas de estudio de la educación obligatoria tendrán perspectiva de género y una orientación integral; incluirán el reconocimiento de las ciencias y las humanidades (historia, civismo, filosofía), así como las lenguas extranjeras e indígenas, la educación física, el deporte, las artes, la promoción de estilos de vida saludables y el cuidado del medio ambiente. Estas reformas, muy particularmente, responden a demandas legítimas de los trabajadores de la educación.

Establece que, en la aplicación del nuevo marco jurídico, se respetarán los derechos adquiridos de las maestras y los maestros, los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de una nueva creación.

Plena certidumbre

Deja sin efectos los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de las maestras y maestros del servicio.

Se abrogan la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (LINEE); elimina el vínculo entre evaluación y permanencia, con lo que se da plena certidumbre a la estabilidad laboral del magisterio, y garantiza el respeto de nuestros derechos laborales con base en lo dispuesto por el Artículo 123, apartado “B”, de la Constitución.

(Rafael Gómez Chi)