De acuerdo con las conclusiones del Seminario de Transporte y Movilidad, que se llevó a cabo en la Universidad Modelo en fechas pasadas, convocado por el Laboratorio Urbano de esa casa de estudios, los mototaxis no se deben regular pues hacerlo “significa darles legalidad y empoderarlos y no pueden ser asumidos como un servicio transporte público por tratarse de vehículos que ponen en riesgo la integridad física de los usuarios”.
Este seminario se llevó acabo en marzo pasado y de acuerdo con las conclusiones, proporcionadas por la directora del Laboratorio Urbano de la Universidad Modelo, Silvana Forti Sosa, los mototaxis son el reflejo de las ineficiencias del sistema de transporte público, pero no es aceptable suplir el servicio de transporte público mediante la introducción de mototaxis, pues hay que buscar opciones más eficientes y seguras.
Cabe destacar que en fechas pasadas las diputadas de Movimiento Ciudadano en el Congreso local presentaron una iniciativa de reformas a la Ley de Transporte, en la que proponen se incluya y regule la figura del mototaxi.
Sin embargo, de acuerdo con las conclusiones del Seminario de Transporte y Movilidad, este tipo de transporte no debería ser regulado pues es inseguro y pone en riesgo la integridad de los usuarios.
Cada destacar que en este seminario participaron expertos del Laboratorio Urbano de la Universidad Modelo, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Modelo, el Observatorio de Transporte y Movilidad Metropolitana de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT) del Gobierno del Estado de Yucatán, la Comisión Permanente de Desarrollo Municipal, Regional y Zonas Metropolitanas del Congreso del Estado de Yucatán, la Comisión de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Mérida, entre otros.
Participaron 31 funcionarios, legisladores, organizaciones sociales, consultores e investigadores y se realizó un foro sobre regulación del transporte en el Congreso del Estado de Yucatán.
Como parte de las conclusiones en cuestión se señala que la regulación del transporte urbano es una competencia pública que parte de un acuerdo ciudadano, incluyendo la legislación, implementación, el control y la sanción.
Dicha regulación constituye la bisagra crucial entre el carácter público del servicio, los derechos y obligaciones de los transportistas y las potestades de los usuarios y la ciudadanía.
“Se requiere que el Estado regule y vigile el cumplimiento de los acuerdos, no sólo haga convenios y acuerdos tarifarios. El Estado debe regular el nivel de servicio del transporte público, definir los requisitos para ser operador del transporte público (organizativos y técnicos) definir los tipos de vehículo, rutas, paraderos, tarifas y financiamiento. Debe regular el comportamiento de todos los actores del sector, autoridades, empresarios, usuarios y otros”, se menciona.
En este sentido se apunta que “no se debe regular los mototaxis, pero sí se debe saber cuántos son y dónde están”.
En este tenor, se propone promover mecanismos de regulación y financiamiento en los bancos para evitar créditos a vehículos motos pues “la movilidad en motocicleta es el síntoma de fallas en el sistema de movilidad y transporte de la ciudad”.
Plan a largo plazo
En otros temas, se menciona la necesidad de un Plan de Ciudad de largo plazo que es el paso previo que aporta las pautas y los criterios a seguir para cualquier documento de planificación derivado ya sea un Plan Estratégico, un Plan Urbanístico, un Plan de Movilidad u otros.
Se reconoce la urgencia de vincular y articular el desarrollo urbano y el transporte tanto en el nivel de la regulación como en el de la planeación urbana. Es decir, se necesita integrar el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) con el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS).
“El transporte no es solo un asunto técnico sino también social y, siendo la movilidad un derecho humano, debe ser garantizado por el Estado, de ahí que la regulación del sistema de transporte público se encuentra en el corazón de la organización del sector. Y esta regulación debe partir de una perspectiva más general de la regulación de la movilidad urbana”.
“El transporte debe ser considerado en el marco de la movilidad y en relación con determinantes transversales como la perspectiva de género, el desarrollo urbano, el medio ambiente, la seguridad pública, incluyendo a la seguridad vial y la inclusión social”.
Sistema de transporte
La integración en un Sistema de Transporte debe ser física, tarifaria, funcional (organismos y empresas), información de la gestión, regulación, de la imagen y promoción del servicio.
Para pasar del conjunto de rutas a un sistema integrado de transporte se necesita un balance crítico de situación y entre otras cosas: se necesita realizar encuesta de origen y destino y tener un conocimiento realista de cómo y hacia dónde se mueve la gente, cómo lo harían y a qué aspirarían: para esto se sugiere realizar encuestas a bordo y encuestas ascenso descenso.
La intermodalidad y multimodalidad son cruciales de considerar en la organización del sistema de transporte.
Se menciona que hay que vincular transporte y conectividad, no sólo en términos de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) sino también desde la planeación urbana.
Además, se señala que hasta el momento el usuario no ha tenido presencia ni peso como sujeto de la movilidad, por lo que es importante reivindicar su rol y sus derechos como ciudadano.
La capacitación y la certificación de los operadores de transporte público son fundamentales para avanzar en la regularización de los servicios e impulsar una mayor calidad en las prestaciones del servicio.
Se requiere delimitar los corredores de movilidad para la dotación de infraestructura para el transporte público. Se requiere crear de un programa de sustitución de unidades deterioradas por otras de calidad y de accesibilidad universal.
Sistema de información
Se menciona que es básico promover el desarrollo de más y mejor información. El incremento de la información será fundamental para encontrar buenas soluciones y la toma de decisiones debe y podrá estar mejor sustentada.
Se propone la creación de una “app” de transporte público como parte de una política pública y se señala que es esencial que la administración pública asuma la obligación de contar con una plataforma digital para la gestión de los desplazamientos urbanos y se use tecnología de información con datos abiertos.
Financiamiento del transporte
El documento señala que es necesario aumentar el financiamiento para transporte público y modos activos de desplazamiento y diversificar fuentes de financiamiento. Organizar el sistema tarifario para garantizar la eficiencia económica, la rentabilidad y la equidad social.
Distinguir el nivel tarifario: valor monetario relacionado al servicio, de la estructura tarifaria: tarifa diferenciada por grupos sociales. Promover la integración tarifaria, ya que facilita la conexión y aumenta velocidad y comodidad de los desplazamientos.
El cobro del boleto no debe ser la única fuente de obtención de recursos para la operación y manteamiento del servicio de transporte público. Se deben buscar diferentes fuentes de financiamientos: tasa de transporte (sobre sector productivo), contribuciones de mejoras, recaudación del “suelo creado”.
Además, explorar esquemas de fondeos: sobretasa a impuesto de nómina, impuesto predial, cargos a estacionamiento en vialidad (parquímetros), cargos a estacionamientos públicos, sobretasa de verificación de vehículos, impuestos a vehículos, cargos por congestión, servicios de movilidad compartida (Uber/Didi, otros), sobretasa a desarrollos urbanos, explotación de facilidades de transporte, certificados de construcción adicional potencial, contribuciones de mejoras, medidas de mitigación/integración de nuevos desarrollos, esquemas de publicidad en autobuses, estaciones, parabuses, bicicletas, etc.
(David Rico)