Rolando Bello Paredes
Bocadillos
El gobierno federal dejará de construir, equipar, mantener, rehabilitar, reforzar, reconstruir, y habilitar los inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública, según se deduce del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador: “Se eliminará el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) y ahora dará el apoyo directo a los padres de familia y profesores” (POR ESTO! 16 junio 2019). El chascarrillo presidencial: “Los recursos se enviarán directamente a las escuelas porque antes pasaban por todas las dependencias de gobierno y no llegaban o llegaban “con moche” (Excélsior 18 junio 2019).
Es decir, el gobierno federal ya no construiría escuelas.
El Inifed, hasta ahora, es la entidad “responsable de articular esfuerzos y promover la participación de la sociedad civil, la iniciativa privada y la comunidad educativa en el mejoramiento y mantenimiento de los inmuebles escolares”. Con su “eliminación”, lo harían unos comités escolares, integrados por padres de familia, maestros y alumnos, que “serán los que decidan qué recursos se emplearán por plantel”. Y por supuesto que habría rendición de cuentas, según el criterio presidencial del gobierno de la 4T. Usarían para ello, “un pizarrón o un periódico mural” (Reforma 20 junio 2019).
El presidente López Obrador anunció el establecimiento de los denominados “Comités Escolares de Administración Participativa”, en mayo último. De acuerdo con notas de prensa: a). Serían unos 300 mil “para la construcción de planteles y mejorar el mantenimiento”; b). Se asignaría directamente presupuesto “para materiales de construcción, mobiliario, gastos fijos, materiales educativos y consumibles”; c). Los comités CEAP “recibirán de manera trimestral o semestral el presupuesto para construcción, mejoras y mantenimiento, y las entregas se realizarán de manera directa, por transferencia bancaria u orden de pago, desde la Secretaría de Hacienda”; d). Los miembros de estos comités se “renovarán cada año y serán padres de familia, alumnos a partir del cuarto grado de primaria, así como docentes, y madres y padres de familia”.
En la agencia noticiosa NOTIMEX (17 junio 2019) se abordó el tema: “La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción expresó su preocupación por la desaparición del Infed, debido a que no se garantizará que las obras cuenten con la calidad necesaria en su edificación. Pedirán al gobierno federal reconsidere dicha propuesta”. “El organismo cuenta con más de dos mil pequeñas y medianas empresas que se dedican a este tipo de edificaciones que garantizan calidad de las escuelas”. El dirigente estatal de los constructores organizados en Yucatán también externó su preocupación por la desaparición del Inifed, “porque en el caso de Yucatán su gestión ha sido exitosa” (Por Esto! 18 junio 2019).
Para la “Red Educación Derechos”, el asunto es de gravedad: “La desaparición del Inifed pone en riesgo la seguridad y vida de alumnos, docentes y padres de familia. No habrá quien supervise y asegure que los inmuebles educativos tengan las condiciones de seguridad y accesibilidad para los estudiantes. La construcción remodelación y mantenimiento de las escuelas deben ser tareas de especialistas ingenieros y arquitectos quienes tienen las técnicas necesarias para edificar obras de calidad” (Reforma 20 junio 2019).
En 2008, la Ley General de la Infraestructura Física Educativa reemplazó al antiguo Capfce –Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas- por el Inifed. En consecuencia, el estado creó el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, que sería la entidad “encargada de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación, acorde con las propuestas que le señalen la Secretaría de Educación del Estado, los municipios y los particulares”.
El presupuesto de egresos de 2019 para el Instituto yucateco es de 23 millones 743 mil 196 pesos, según el decreto correspondiente. Es pronto para saber el destino de éste, ante el anuncio presidencial. Deberá, sin duda, continuar con las construcciones escolares iniciadas, hasta su conclusión. ¿Y después? Tal vez, la secretaría estatal de Educación se haría cargo de la construcción de escuelas, como lo hace ahora con determinadas tareas de mantenimiento en inmuebles educativo, nada más que en coordinación con los referidos comités escolares. Habrá que esperar otra “mañanera” u otra carta a la CNTE, para tener más información del tema.
Es difícil de entender el proyecto presidencial. No es razonable sustituir una institución técnica, especializada en el ramo, por unos improvisados comités escolares, que no tendrían la capacidad normativa, técnica y profesional, para la construcción de escuelas. Se antoja una medida más de corte político-populista, que quizá esté condenada al fracaso. Su práctica inminente significaría el debilitamiento del sistema educativo nacional, en esa trascendental actividad.
Medalla jurídica. El gobernador de Yucatán la calificó como una “erogación superflua de recursos públicos sin abonar al cumplimiento de los objetivos del desarrollo”, por lo que decretó suprimir la entrega anual de la Medalla al Mérito Jurídico “Rafael Matos Escobedo”, creada en 2008. Otra causa ejecutiva de la desaparición de la distinción: “Lograr un gobierno austero”. Lamentable decisión.
Uno de los motivos de la creación de la Medalla, de acuerdo con el decreto hoy abrogado, fue considerar “que es importante reconocer a las personas que desempeñan su labor con honradez, dedicación y humanidad para consolidar a Yucatán como una Entidad en donde sus profesionistas, además de contar con un alto nivel académico, trabajan siempre en beneficio de la sociedad, lo que contribuye significativamente para lograr el desarrollo del Estado”.
La Medalla se creó con el objeto de “otorgar un justo reconocimiento a los profesionales del Derecho, nacidos en Yucatán o que tienen la condición de yucatecos y que hayan realizado aportaciones trascendentes en los campos de la docencia o de la investigación jurídica, en el ámbito legislativo o jurisdiccional o en el ejercicio cotidiano del Derecho, que constituyan un ejemplo para las personas dedicadas al estudio y práctica de la ciencia jurídica”.
Nada de esto es relevante para el gobierno “austero” 2018-2024.
Recibieron la Medalla al Mérito Jurídico “Rafael Matos Escobedo”, tres mujeres y siete hombres: en 2009, Julio Mejía Salazar, el mejor abogado penalista del siglo XX yucateco; 2010, magistrada y profesora Antonia Georgina Alemania Jiménez Trava; 2011, magistrado Renán Solís Avilés; 2012, magistrado Angel Francisco Prieto Méndez; 2013, magistrado Alfredo Navarrete Ruiz del Hoyo; 2014, magistrada Aída Amira Hernández Guerra; 2015, magistrado y distinguido universitario José Alfonso López Manzano; 2016, académico e investigador universitario Gabriel Zapata Bello; 2017, Notario Público Pedro Sierra Lira; y 2018, magistrada Adda Cámara Vallejos.
Fracaso senatorial. El Senado de la República informó que fracasó la obtención de “consenso necesario de las dos terceras partes de sus integrantes para proponer al Pleno los nombramientos de la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación del Organismo para la Mejora Continua de la Educación” (Boletín de prensa 19 junio 2019). El Organismo sustituirá al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, conforme a la (contra) reforma educativa del gobierno de la 4T. Emitió otra convocatoria cuyo registro vence hoy domingo. Como parte de su “programa de desapariciones”, el Senado desapareció el Consejo de Promoción Turística.
Breve receso. Los Bocadillos –y los lectores, por supuesto– disfrutarán de un breve receso. No aparecerán el domingo 30, sino hasta el siguiente, 7 de julio.
Tardeada dominical. Ha de haber miles de anécdotas del mundo político. En una comida, por supuesto con destacados políticos, registré unas cuantas, de hace algunos ayeres, por ejemplo:
- Los dirigentes del partido fueron al municipio yucateco y reunidos con los ex alcaldes decidieron que fulano sería el candidato para el siguiente Ayuntamiento, y lo llamaron para informarle. La respuesta del señalado, fue “No quiero”. Lo intentaron convencer y recibieron la misma respuesta, “No quiero”. Entonces le dijeron: “Pues, te vas a la cárcel, si no aceptas”. Por supuesto, que aceptó la candidatura.