Ana María Ancona Teigell
“Permitir una injusticia significa
abrir camino a todas las que
siguen”.
Willy Brandt
Se siguen vulnerando en nuestro Estado los derechos humanos de los menores de edad que son sustraídos por uno de los padres del hogar familiar. Se siguen cometiendo atrocidades en contra de su infancia, dejándolos en total indefensión. No velan por el interés ni el bienestar superior del menor.
Los abogados son uno de los pilares para que se haga justicia, pero la mayoría de ellos, ya sean privados o públicos, permiten que a una injusticia le siga otra y otra y otra, sin tener la más mínima sensibilidad ante el dolor de una madre y de sus pequeños hijos. Su único interés es sacar el mayor provecho económico, abultar sus carteras de billetes y a veces, venderse al que más ofrece.
Los abogados o asesores de oficio, en su mayoría, no están comprometidos con ninguna causa y menos por los míseros salarios que perciben, vendiéndose también al que más le paga.
Es una vergüenza darnos cuenta que no tienen el conocimiento de la mayoría de las leyes de lo familiar y penal. Que no estudian ni leen mil veces el expediente para conocerlo con los ojos cerrados y dar argumentos contundentes para la defensa de los menores y sus padres custodios. Por eso no tienen las herramientas necesarias para defenderlos.
Abogados que todos conocemos muy bien, que sólo se dedican a ensuciar y envilecer la justicia, que mienten y engañan a sus clientes con una desfachatez deleznable que debería costarles la cárcel, porque ahí es donde deberían de estar. ¡No en las calles haciendo daño y destruyendo hogares porque carecen de ética profesional! Que han robado, endeudado y dejado sin recursos económicos a muchas familias que confiaron en ellos y que a cambio les clavaron el puñal por la espalda cuando un Juez dicta sentencia en contra de los agraviados. Dándose la vuelta para seguir prostituyendo la justicia en contubernio muchas veces de las mismas autoridades.
Y sigo hablando de menores porque es preocupante que no haya ninguna institución pública que está al servicio del ciudadano que ponga un alto a este tipo de abogados. Porque nuestros niños son las víctimas del silencio, pero nosotros levantamos la voz por ellos. Porque todos los días estamos luchando por defenderlos a través de los medios de comunicación. Porque a los padres los tienen como balones de fútbol que los patean de una institución a otra sin darles ninguna solución.
Esto lo vivimos todos los días en todas las instituciones públicas a las que acuden los padres custodios para rescatar a sus hijos.
Y para las autoridades y abogados que dicen que la sustracción de un menor no es secuestro, la defino según Wikipedia:
“Se le llama secuestro parental, también llamado abducción parental, abducción familiar o parental child abduction, es una clase particular de secuestro donde un menor de edad es separado abruptamente y sin consentimiento de su sitio habitual de vida por uno de los padres (u otra persona que actúa por mandato de uno de los padres), alejándolo en forma permanente o transitoria del otro progenitor, sin ánimo de restituirlo a la situación primitiva. En estos casos concurren todas las características que conforman un secuestro, pues el niño es llevado y retenido en forma indebida, para fines ajenos al bien de éste. La situación jurídica empeora si el padre sustractor no acredita la custodia o patria potestad del menor sustraído, porque en este caso podrá fincársele responsabilidad penal de ‘privación ilegal de la libertad’, y en algunos casos puede llegar a generarse ‘supresión de identidad’. El secuestro parental configura una forma de abuso y maltrato infantil”.
Está tipificado como delito según la reforma al artículo 173 del Código Penal y se castigará con penas de uno a cinco años de prisión y de 100 a 500 días de multa al ascendiente, descendiente, cónyuge, pariente colateral o afín hasta el cuarto grado, que retenga, sustraiga u oculte a un menor o que sea incapaz de poder ejercer la patria potestad, tutela o que mediante resolución judicial no ejerza la guarda y custodia.
La mala praxis de los abogados en la dirección de cualquier asunto puede provocar prejuicios cuantificables a su cliente, de tipo económico, moral, etc., y en el caso de menores, daños no sólo económicos sino daños irreversibles en la integridad física y psicológica de un menor y el padre o la madre custodios.