Justicia y educación en el sector pesquero: voluntad y compromiso política

Delfín Quezada Domínguez

“Yo seguiré creyendo que todos los programas de

gobierno cuyo eje no descanse sobre estos dos polos:

Educación y Justicia, no quiere decir nada ni para la

humanidad ni para la patria”

(Justo Sierra Méndez: 1911)

Esta frase contundente sobre los programas de gobierno y de los cuales era partícipe en ese momento, el ilustre educador mexicano Don Justo Sierra Méndez, ponía el acento en lo que actualmente NO vemos en muchos programas de Gobierno. Pero para muestra un simple botón, como dice un antiguo refrán popular.

Desde hace muchos años se ha estado pidiendo, en diferentes foros, la detención y el combate a la pesca clandestina, furtiva e ilegal, en todas las costas de nuestro estropeado México, incluyendo la península de Yucatán. Sin embargo, se sigue demostrando, con datos estadísticos de la FAO y localmente en las notas periodísticas de nuestros siempre dignos periódicos POR ESTO!, que no se ha detenido (la pesca ilegal de las especies marinas), lo que pone ya en peligro latente al sector pesquero. Y cuando decimos que está poniendo en peligro la actividad, lo señalamos en dos sentidos:

1. Los países con mercados potenciales de recursos marinos están llegando al acuerdo de no comprar ni importar productos de aquellos países ribereños señalados por las instancias internacionales como exportadores de productos que no aplican la ley, ni demuestran una política clara para impedir este flagelo de hace muchos años. Y México está en esta situación de alerta a nivel mundial.

2. Las bajas capturas en nuestros litorales se han debido, en gran parte, a la imparable actividad ilegal de extracción de las especies marinas, hasta llegar al extremo de la cercana desaparición de algunas de ellas; verbigracia la vaquita marina (no la vaquita amarilla, porque ésa no la conozco), la totoaba, el pepino de mar, el caracol blanco y, en gran medida, el mero rojo y el negrillo, las últimas cuatro especies corresponden a nuestras pesquerías.

Podríamos considerar otro factor de riesgo para nuestras pesquerías, y que hasta el momento no ha sido tomado en cuenta en los estudios científicos de manera formal, sino simplemente de manera superficial: La proliferación del sargazo en grandes cantidades en el mar. Pero de eso, nuestros especialistas lo pondrán en la mesa a su debido tiempo.

Ante este panorama, y tomando como principio lo expresado por Don Justo Sierra Méndez, se hace necesario, pero de manera urgente, aplicar los fundamentos de la justicia a toda persona que sea detenida con especies marinas en veda –temporal o indefinida-, o cómplice de esta depredación. Pues a veces solamente el brazo de la justicia se va contra el más débil de la cadena delictiva, en este caso, el pescador furtivo. Sin embargo, es necesario alcanzar a todos los que componen esa red depredadora de especies, como lo expresó en su momento el Vicealmirante Carlos Humberto Lanz Gutiérrez, quien de manera categórica mencionó: “Hay que ver de dónde están saliendo esos capitales para que estén financiando la pesca furtiva… Porque mientras no se afecte la parte económica, esto se va a seguir haciendo” (POR ESTO!: 26/06/2019).

Para la Conapesca, la inspección y vigilancia son elementos esenciales en la administración pesquera para asegurar el correcto cumplimiento y efectividad de las acciones de ordenación. Idóneamente, el cumplimiento de las regulaciones debe ser compromiso y obligación de todos los usuarios de las pesquerías, para integrar un manejo compartido de los recursos pesqueros. No obstante, a sus intenciones, Conapesca no ha cumplido cabalmente sus funciones, y no hablamos de esta administración federal, sino que este grave problema ya tiene muchos años de no funcionar y el sector pesquero es consciente de ello.

Por tal motivo, y tomando el segundo principio de Don Justo Sierra Méndez sobre los 2 polos que deben tener los programas de gobierno, es el de la Educación la que se hace necesario aplicar en el sector pesquero. Esto con el fin de que todos los actores y/o participantes de la actividad (desde la captura, procesamiento, comercialización y degustación) sepan cuáles son los principios básicos de las leyes, el papel de las especies en el mar, su importancia en la vida económica y cultural de los pueblos pesqueros, así como el riesgo de la desaparición de los recursos marino-litorales.

El trabajo no es fácil, pero no imposible. En Yucatán ya tenemos una Secretaría de Pesca y Acuacultura, un secretario muy capaz, solamente falta voluntad política, coordinación de las instituciones educativas y recursos económicos para ponerlo en marcha. Veremos.