Otra omisión extraña

Tuuskeep Kasperchack

En una columna publicada en octubre pasado, nos preguntamos cuál había sido el propósito de que el gobernador Mauricio Vila Dosal hubiera detonado un escándalo en torno al Isstey y luego se hubiera desentendido del problema.

Según recordamos, todo comenzó con un boletín de prensa emitido por el Ejecutivo, en el que se afirmaba de sopetón que el Isstey estaba técnicamente en quiebra y, en consecuencia, que las pensiones de los jubilados estaban en “grave riesgo” por la mala actuación de los últimos siete directores generales de esa dependencia.

Asimismo, se subrayaba que el patrimonio de la institución –unos 4,250 millones de pesos– no alcanzaría para solventar los compromisos contraídos más allá del 2021 o, cuando mucho, hasta 2024, en caso de que no se reformara la Ley del Isstey.

El Gobierno del Estado, también denunció que decenas de funcionarios de las últimas dos administraciones estatales se jubilaron con generosas pensiones al margen de las normas vigentes.

Después, ante la alarma generada y la inconformidad pública de los que resultarían afectados, funcionarios del Ejecutivo matizaron sus declaraciones, en el sentido de que las pensiones de los trabajadores siempre “sí estaban “garantizadas”, pero que se evaluaban medidas alternativas para evitar la quiebra.

Nunca se especificaron estas medidas y así como comenzó el escándalo también se disipó.

Por nuestra parte, apuntamos que el Ejecutivo estatal probablemente modificaría la Ley del Isstey de acuerdo con viejas directrices del Banco Mundial, en el sentido de elevar la edad de jubilación e incrementar el monto que se descuenta al burócrata. También sugerimos que el Ejecutivo, como habían hecho otras instituciones del país, destinara un porcentaje de su presupuesto anual para fortalecer y blindar a largo plazo el patrimonio del Isstey.

El que esto escribe y, supongo, varios miles de ciudadanos más, esperábamos que en su primer informe de gobierno, Vila Dosal aportara algo verdaderamente importante sobre el particular. Pero he aquí que en el capítulo de ese documento titulado, “Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas”, que abarca de las páginas 152 a la 167 en la versión digital, todo lo que se dice del Isstey está consignado en la página 156, como sigue:

Trámite y Otorgamiento de Prestaciones Económicas

“El otorgamiento de créditos a derechohabientes del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) tiene como objetivo mejorar la economía familiar de los mismos.

En este contexto, en el periodo que cubre este informe, se otorgaron 36,701 créditos en beneficio de los derechohabientes y sus familias.

Por otra parte, mediante el Programa de Otorgamiento de Pensiones, 927 derechohabientes del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán obtuvieron su pensión, donde se erogaron 30 millones de pesos”.

Lo irónico del asunto es que esta información figura en el apartado titulado Finanzas Sanas. ¿Sanaron por arte de magia los graves problemas financieros del Isstey? Lo dudamos.

Esta manifiesta incongruencia entre lo que se dijo antes y se dice u omite ahora sobre el Isstey nos lleva a señalar, como lo hicimos también en su momento, que Vila Dosal, ante el catastrófico futuro de esa dependencia, podría asumir dos actitudes: llevar a cabo una reingeniería financiera para sacarla del profundo bache en que se encuentra, con un pasivo de poco más de 2 mil millones de pesos, según el mismo gobierno nos ha dicho, o bien “nadar de muertito”, es decir, dejar las cosas como están y heredarle el problema a su sucesor o sucesora. Hasta ahora, todo parece indicar que se ha decantado por la segunda opción.

Tanto el sindicato de burócratas como la sociedad yucateca deben estar alertas para evitar que la perspectiva gerencial de Vila Dosal y de sus principales funcionarios y funcionarias, así como la de los integrantes del malhadado Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Gobierno del Estado de Yucatán, en caso de que les interese el asunto, derive en una derogación de los ya escasos beneficios de los servidores públicos plasmados en la Ley del Isstey y también vigilar que no se vayan a esfumar los 4,250 millones de pesos de la reserva de jubilaciones y pensiones sólo porque el gobernador no supo cómo resolver este problema con amplia repercusión social.